La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante su Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0327 327-DE[1] cuestiona en su dictamen si la Red Pública Compartida estará en condiciones de iniciar operaciones el 31 de marzo de 2018.

1. Específicamente menciona: “En marzo del 2018, Altán tendrá que cumplir con el primer hito de proporcionar cobertura de red a un 30% de la población, se estima que, a esa fecha, no se podrán proporcionar los servicios a la población; a noviembre 2017 su oferta comercial no había sido aprobada por el IFT y el despliegue de los servicios a los usuarios finales está condicionado a su aprobación”.

Si bien la ASF establece sus preocupaciones sobre la Red Compartida, el párrafo anterior es poco preciso ya que, por ser mayorista, la clave de cumplimiento no es proporcionar servicios a la población, sino que, al 31 de marzo, Altán tiene la obligación de cumplir con la cobertura de 30%, así como con el inicio de operaciones comerciales como se establece en el Contrato de Asociación Público Privado:

1. “El desarrollador se compromete y obliga a iniciar Operaciones Comerciales a más tardar el 31 de marzo de 2018; a ejecutar el Proyecto, y a cumplir con los compromisos del calendario de Despliegue, en los términos establecidos en este Contrato y en los Títulos de Concesión Mayorista y de Espectro.”

Por lo anterior, cabe recordar que el pasado 19 de diciembre de 2017, Altán Redes presentó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) su Oferta de Referencia, sin embargo, el Pleno del Instituto resolvió en enero de 2018 que ésta debería de ser modificada y presentada 10 días hábiles posteriores a la fecha de notificación con las modificaciones pertinentes para ser revisada de nuevo.

El asunto preocupa a la ASF pues al viernes 23 de febrero de 2018 aún no se había autorizado la nueva Oferta de Referencia, lo cual, de acuerdo con el contrato, podría poner en riesgo el inicio de su operación comercial.

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para que la Red Compartida salga adelante, como por ejemplo obligar a que los smartphones puestos a la venta en adelante tengan la capacidad de utilizar la banda de 700 MHz. o generar incentivos a contratarle capacidad en próximas licitaciones, entre otras. Ante este escenario, sería absurdo que el Instituto no aprobara la Oferta de Referencia en tiempo y forma para que la Red Compartida pueda cumplir con sus obligaciones el 31 de marzo.

No tengan duda, la Red Compartida entrará en operación el 31 de marzo. El verdadero reto de la Red Compartida no se encuentra en su despliegue y en el inicio de operaciones comerciales, sino en que los años subsecuentes genere el tráfico suficiente para que sea un negocio sostenible y haya valido la pena el despliegue y uso de todos los recursos públicos para su concreción como proyecto para la conectividad universal en México.

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Por Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit, www.theciu.com/