La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) hizo un llamado al senador Ricardo Monreal de hacer pública la Regulación de Plataformas Digitales y proporcionar mayor claridad y transparencia sobre su contenido, además de permitir que se analicen a detalle sus implicaciones.
Internet es un fenómeno colaborativo que requiere la participación de todos, por tanto, consideramos necesario un amplio y multidisciplinario debate que prevenga una afectación irreparable sobre el ecosistema de Internet en México, destacó ALAI en un comunicado.
Dicha asociación ha mostrado su preocupación en relación a esta iniciativa, al tiempo que ha manifestado su compromiso de participar en un diálogo abierto, coincidente con el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y que contemple la participación de todas las partes interesadas incluyendo al sector privado, la comunidad técnica, y la sociedad civil.
De acuerdo con ALAI, estas son algunas de las preocupaciones que este proyecto les genera:
- Bajo la definición de redes sociales de la iniciativa prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público. Por lo tanto, de aprobarse, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y trans jurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada.
- El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia opuestos a los buscados. Lo anterior aunado a que no es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en materia de libertad de expresión.
- La erosión de las medidas técnicas y humanas que ya toman las plataformas para proteger la legalidad y la integridad en las redes sociales afectarían desproporcionadamente a los usuarios, emprendedores y negocios en México, incluyendo los sectores más vulnerables. No se dimensiona el volumen de cuentas, perfiles y contenido que se dan de baja diariamente a través de sistemas de Inteligencia Artificial por violar las políticas de las plataformas.
- La premisa de la que parte la iniciativa no es garantista, dado que crea todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas de una red social determinada, a personas que han infringido las Normas Comunitarias de manera reiterada. Asimismo, se pretende que el proceso de apelaciones de contenido en Internet sea manual y esté sujeto a revisión y aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
- La necesidad de obtener una autorización en México para la operación de las denominadas como “redes sociales relevantes” atenta contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EUA ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos.
- Aunado a lo anterior, esta regulación tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México como vehículo para la recuperación económica y el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales, de los que las MiPyMEs y organizaciones de la sociedad civil dependen para llegar a sus audiencias, sobre todo en tiempos de pandemia.
