La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) hizo un llamado al senador Ricardo Monreal de hacer pública la Regulación de Plataformas Digitales y proporcionar mayor claridad y transparencia sobre su contenido, además de permitir que se analicen a detalle sus implicaciones.

Internet es un fenómeno colaborativo que requiere la participación de todos, por tanto, consideramos necesario un amplio y multidisciplinario debate que prevenga una afectación irreparable sobre el ecosistema de Internet en México, destacó ALAI en un comunicado.

Dicha asociación ha mostrado su preocupación en relación a esta iniciativa, al tiempo que ha manifestado su compromiso de participar en un diálogo abierto, coincidente con el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y que contemple la participación de todas las partes interesadas incluyendo al sector privado, la comunidad técnica, y la sociedad civil. 

De acuerdo con ALAI, estas son algunas de las preocupaciones que este proyecto les genera:

1. Bajo la definición de redes sociales de la iniciativa prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público. Por lo tanto, de aprobarse, se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al  tratar con un carácter nacional un fenómeno global y trans jurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada.
2. El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia opuestos a los buscados. Lo anterior aunado a que no es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en materia de libertad de expresión. 
3. La erosión de las medidas técnicas y humanas que ya toman las plataformas para proteger la legalidad y la integridad en las redes sociales afectarían desproporcionadamente a los usuarios, emprendedores y negocios en México, incluyendo los sectores más vulnerables. No se dimensiona el volumen de cuentas, perfiles y contenido que se dan de baja diariamente a través de sistemas de Inteligencia Artificial por violar las políticas de las plataformas.

4. La premisa de la que parte la iniciativa no es garantista, dado que crea todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas de una red social determinada, a personas que han infringido las Normas Comunitarias de manera reiterada. Asimismo, se pretende que el proceso de apelaciones de contenido en Internet sea manual y esté sujeto a revisión y aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
5. La necesidad de obtener una autorización en México para la operación de las denominadas como “redes sociales relevantes” atenta contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EUA ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos. 
6. Aunado a lo anterior, esta regulación tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México como vehículo para la recuperación económica y el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales, de los que las MiPyMEs y organizaciones de la sociedad civil dependen para llegar a sus audiencias, sobre todo en tiempos de pandemia.