El reconocimiento facial llegó por sorpresa al gobierno. Su primera aparición en los teléfonos celulares para identificación nos evitaba teclear claves de acceso cada vez que lo usábamos. Pues bien, esta misma tecnología para identificar rostros a partir de patrones de reconocimiento –generados mediante algoritmos– se ha vuelto popular hasta en temas de seguridad nacional y crimen.
No hace mucho tiempo nos enteramos que Facebook tenía millones de rostros etiquetados con los nombres de sus propietarios. Nosotros se los regalamos con inocencia cuando esta red social nos pedía “¿Quién está en la foto?”. Escribimos el nombre de familiares, amigos y conocidos quienes –sin quererlo– acabaron en las bases de datos de la compañía para ser comercializados.
Recientemente los soldados ucranianos utilizaron esos mismos rostros ahora propiedad de ClearView, para identificar los soldados rusos muertos y les informaron a sus familiares a través de Facebook (ver artículo).
Esta tecnología se perfecciona cada vez más conforme pasan los meses, las computadoras aprenden de millones de registros a su disposición. Incluso, la empresa Apple desarrolló un algoritmo que permite identificar los rostros aún portando las mascarillas usadas en la pandemia.
En varios países de occidente se han destinado cada vez más recursos a la compra e instalación de cámaras con tecnología para acercarse a los rostros y enviar una fotografía a los sistemas de cómputo que las clasifican e identifican.
Recientemente en la ciudad de Marsella, Francia, se instalaron más de 500 cámaras de videovigilancia, que están respaldadas por una ley de seguridad nacional aprobada por el congreso francés en meses pasados. Esta situación ha generado que las organizaciones civiles no sólo protesten sino actúen.
Por ejemplo, los grupos La Quadrature du Net y el Center for Internet and Society (CNRS) ambos en Marsella, se han dado a la tarea de hacer un mapa de la ciudad donde se ubican estas cámaras para avisar a los ciudadanos franceses que están siendo filmados y fotografiados, que sus rostros forman parte de una base de datos y, por lo tanto, deben estar protegidos por la ley y se utilizarán sólo en situaciones extremas.
El caso francés puede ser excepcional, pero no es así. En Estados Unidos algunas ciudades como Los Ángeles e incluso Minneapolis han protestado por el uso de estas tecnologías que pueden atacar la intimidad y privacidad de los ciudadanos.
Para los países latinoamericanos, el problema es que contamos con escaso contrapeso político y legal. Muy pocas organizaciones sociales están alerta respecto al uso de las tecnologías por parte del gobierno. En países con un estado de derecho débil o inexistente y con alto grado de impunidad, el riesgo de abusar del reconocimiento facial es altamente probable.
Siguiendo esta idea, las leyes de privacidad y de acceso a datos personales son débiles y por lo tanto constituyen una puerta de entrada para que el reconocimiento facial se convierta en botín de los hackers. Finalmente, en los países autoritarios, el uso de los rostros de los ciudadanos puede ser intimidatorio para controlarlos en procesos electorales, creencias políticas o religiosas e incluso preferencia sexual.
En suma, quienes vivimos en países con estas características estamos obligados a resistirnos al uso de reconocimiento facial por nuestros gobiernos, o bien, fortalecer los mecanismos legales y tecnológicos que limiten y garanticen nuestros derechos y nuestra intimidad.
Conforme avance la tecnología será una batalla dura, pero habrá que librarla para tener un futuro equilibrado con las máquinas.
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El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Twitter @horus72.
