El gobierno de México difundió el 18 de agosto del 2022 el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), sobre la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes en Guerrero en el 2014. El documento completo puede encontrarse aquí (https://bit.ly/3Qy2jZ3), se divide en un informe y ocho anexos, entre los que destacan: fichas de búsqueda; asistencia internacional; análisis telefónico; reportes diarios de búsqueda signal y las reuniones de trabajo de dicha comisión.
Los hallazgos relevantes fueron reconocer que los estudiantes han fallecido, lo cual no se quería aceptar en el pasado. También se confirma que fue un llamado “Crimen de Estado”, pero sobre todo que existía un infiltrado del Ejército dentro del grupo de estudiantes, que pudo haber detenido la masacre.
Junto con este informe se arrestó al exprocurador Jesús Murillo Karam, un hecho inédito a quien se le ha señalado como uno de los que realizó el ocultamiento de la información y de tortura para obtener testimonios de los involucrados.
El hecho de que el gobierno haga pública la información del caso es un avance en la construcción de un gobierno abierto; no sólo permitirá contrastar y comparar la información con otras investigaciones, sino que los datos “oficiales” permiten establecer un punto de partida para otros estudios.
En este sentido, los datos difundidos merecen ser analizados con detalle, clasificados y organizados. El esfuerzo tradicional de apertura gubernamental es solamente compartir PDFs en lugar de bases de datos, que puedan ser manipuladas y analizadas con otros programas.
Por ejemplo, el anexo 6 de asistencia internacional presenta varios convenios firmados por autoridades nacionales e internacionales, incluso un acuerdo con una asignación presupuestal por 22 millones de pesos y otro por 7 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al ciudadano común no le interesa ver los oficios firmados, sino ¿en qué y dónde se ocuparon los millones de pesos? ¿Quién los gastó? ¿Por qué 22 y 7 millones de pesos?
Lo mismo ocurre en el primer anexo referente a las “fichas de búsqueda”, que muestra datos incompletos. Por ejemplo, aporta el dato que quienes participaron en la búsqueda fueron policías federales, pero ¿quiénes organizaron la búsqueda? En este mismo anexo hay fotografías, sin embargo, se desconocen los metadatos: no sabemos en qué día se tomaron ni la ubicación geográfica para demostrar que son de aquel lugar o de cualquier otro sitio.
Ni las fichas de búsqueda (anexo 1) ni los convenios de asistencia técnica (anexo 6) aportan valor a la explicación o a los ciudadanos interesados. De nuevo, no son datos abiertos, sino datos semi-abiertos. Buscando crear una simulación de los mismos.
Si el objetivo es generar confianza en el gobierno y legitimar sus acciones en este caso tan complejo, lo mejor es tener datos abiertos lo más detallado y explícito posible, sin dudas, ni ambigüedades: la verdad debe ser producto de la evidencia que se presenta.
Sin duda, colocar la información oficial en un solo sitio web para hacerla pública es un acierto y un primer paso, pero falta mucho para que podamos considerarlos como datos abiertos y una practica de gobierno abierto.
No se puede considerar cerrada la investigación de Ayotzinapa, sino más bien que ingresa en una nueva etapa, donde el gobierno aporta su perspectiva. Falta que los padres de los jóvenes desaparecidos y la sociedad mexicana aporten su veredicto final y acepten esta “verdad histórica” de los hechos con los débiles datos que nos aportan.
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El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Twitter @horus72.
