México se encuentra ante un experimento democrático sin precedentes: por primera vez en nuestra historia, jueces y magistrados serán elegidos directamente por el pueblo. Este radical cambio en el sistema judicial —aplaudido por unos, criticado por otros— nos obliga a examinar no solo el proceso, sino también sus implicaciones para la imparcialidad, representatividad y legitimidad de quienes impartirán justicia en nuestro país.

En primer lugar, destaca la politización y la idoneidad de los candidatos. Hasta hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que había muchos aspirantes del poder judicial vinculados al narcotráfico, ello podría tener repercusiones debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al designar a ciertos grupos como terroristas, por ello es necesario “limpiar” la elección de esos aspirantes a juzgadores.

Esta decisión no sólo impacta a los involucrados que se verían expuestos al ser considerados aliados o prestanombres del crimen organizado, sino también expone al Estado al permitir su libertad y promover el vínculo con los criminales. ¿Qué hacer con ellos? es la pregunta.

En segundo lugar, tenemos la exclusión de las comunidades indígenas de la campaña judicial. Si consideramos que 23 millones de mexicanos pertenecen a pueblos originarios, debería haber una cantidad proporcional de juzgadores buscando su voto. No es así. Apenas seis aspirantes de los más de 3,000 se identifican como indígenas. ¿Cómo promover esta acción entre los propios indígenas? ¿Cómo impulsar una mayor inclusión y paridad en este grupo de mexicanos? ¿Cuál será el resultado si quedan estos seis juzgadores para defender a más de 20 millones de mexicanos?

Un tercer elemento es el uso de las plataformas digitales como TikTok, Instagram, X, Facebook y demás para promover las candidaturas de los jueces y magistrados que buscan el favor de los electores. Esto es resultado tanto de la falta de recursos económicos como de la prohibición de anunciarse en medios tradicionales; sin embargo, ¿Cómo puede hacer campaña un juez que nunca se ha enfrentado a los electores?, más importante aún, ¿Qué promesas puede ofrecer un juzgador a los ciudadanos que lo distingan de los demás candidatos? No hay nada que un juez o magistrado puedan cumplir ya que no podrán cambiar el proceso judicial ni la organización burocrática de todo el aparato judicial en el que están inmersos. Su función es muy técnica, individual y que sólo “mueve” una parte de dicha estructura.

Las plataformas digitales por su parte sólo ofrecen un destello de lo que puede ser una candidatura. Son rápidas fotografías, superficiales y simples de lo que puede mostrar en segundos una persona que se puede hablar en TikTok o que manda un “mensaje” en X o Facebook buscando el apoyo de los electorales. Por si fuera poco, estas plataformas han impulsado la desinformación y la incertidumbre que genera la novedad de este proceso electoral y que no le queda claro a ninguno de los potenciales electores cómo será el resultado.

Si bien esta histórica elección promete mayor representatividad y transparencia, los retos son enormes: candidatos cuestionables, subrepresentación de minorías y una campaña digital que trivializa la complejidad jurídica. El veredicto final no lo emitirán los nuevos jueces, sino el tiempo y la calidad de justicia que reciban los mexicanos a partir de esta controvertida transformación.

El autor de la columna Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en [email protected] y en la cuenta de Threads @horus72.