El sector bancario mexicano avanza hacia el cierre de 2025 bajo la presión de un ciclo regulatorio más estricto. Hasta octubre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV ) impuso más de 500 multas relacionadas con prevención de lavado de dinero, varias de ellas con montos millonarios. La cifra confirma un incremento sostenido en las exigencias operativas de supervisión.

Los expedientes de Intercam Banco, Scotiabank y Banco Autofin evidencian fallas recurrentes: sistemas automatizados con limitaciones, expedientes incompletos y omisiones en reportes de operaciones inusuales. Estos casos reflejan la brecha entre el volumen documental actual y la capacidad de respuesta de los equipos de cumplimiento.

“Diciembre concentra el mayor volumen de auditorías regulatorias. Los equipos enfrentan solicitudes de congelamiento de fondos, oficios de autoridades y reportes urgentes. Además, muchas organizaciones aún dependen de procesos manuales para validar documentación crítica, lo que incrementa riesgos y expone a multas millonarias”, explica Marcelo Gutiérrez, CEO de LlamitAI, firma de RegTech especializada en transformar documentos complejos en datos estructurados para mejorar precisión, velocidad y control.

Precisión bajo presión

Datos del Bank Policy Institute (BPI ) indican que 43% del tiempo de las juntas directivas en instituciones financieras se destina a supervisión y cumplimiento regulatorio. En México, esa carga se intensifica por la fragmentación de procesos, la diversidad de criterios y la falta de herramientas tecnológicas capaces de absorber el crecimiento del volumen documental.

“Mientras tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene una presión paralela sobre el sistema financiero. Cada mes congela cuentas bancarias mediante oficios que los bancos deben procesar en días. Cualquier retraso en la ejecución puede derivar en sanciones adicionales”, agrega Gutiérrez.

El estándar cambia

El cierre y comienzo de año concentran auditorías y oficios que multiplican la carga documental para los equipos de cumplimiento. En muchos bancos, por ejemplo, revisar manualmente cada expediente puede tomar hasta 30 minutos, un cuello de botella que se repite y se amplifica año con año.

Ante este escenario, la infraestructura tecnológica se vuelve un factor operativo crítico. Cada vez más instituciones incorporan plataformas como LlamitAI para clasificar, validar y procesar información con métricas de exactitud. Al automatizar la revisión documental, estos sistemas reducen los tiempos de análisis a cerca de cinco minutos y alcanzan precisiones de entre 95% y 100%, lo que permite disminuir rezagos, elevar la consistencia de los procesos y responder con trazabilidad ante supervisiones locales e internacionales.

“La digitalización del cumplimiento dejó de ser una alternativa y se convirtió en una condición para sostener la operación, sobre todo en los periodos de mayor presión regulatoria. En el 2026, las empresas que integren tecnología especializada reducirán su exposición a sanciones y fortalecerán su capacidad de respuesta”, concluye Gutiérrez.