México atraviesa una paradoja en materia de espectro radioeléctrico: mientras la economía digital demanda mayor capacidad, cobertura y calidad de conectividad, el país acumula ya más de un lustro sin una licitación de espectro móvil.

Esta ausencia no es únicamente un retraso administrativo, representa una oportunidad perdida para ampliar infraestructura, fortalecer la competencia y acelerar la disponibilidad y adopción de tecnologías como 5G.

Una licitación evasiva. El Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias (PABF) 2026 de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) identifica bandas potencialmente disponibles para banda ancha móvil, entre ellas 600 MHz, 800 MHz, 1,900 MHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz.

Sin embargo, para estas bandas todavía no existen bases propuestas ni convocatoria de licitación.

La pregunta relevante, entonces, no es solamente cuándo se licitará, sino en qué condiciones económicas se hará.

Precio, incentivo clave. En el comparativo internacional, México registra un sobreprecio significativo en diferentes bandas del espectro, especialmente aquellas dedicadas a la provisión de servicios móviles de nueva generación.

En AWS/PCS y 2.5 GHz, los derechos anuales se encuentran alrededor de 90% por encima de los benchmarks internacionales, mientras que en 3.5 GHz el sobreprecio llega a ser de 24% superior frente a la mediana.

Esto distorsiona los incentivos a participar en futuras licitaciones. Un operador que adquiere espectro no solamente enfrenta el desembolso inicial de una licitación, debe asumir derechos anuales, inversión en infraestructura, densificación de red, energía, mantenimiento y actualización tecnológica.

Cuando el costo recurrente del espectro se vuelve elevado, se reduce la disponibilidad de recursos para desplegar redes.

El resultado puede ser paradójico: una política diseñada para maximizar la recaudación termina reduciendo el valor económico que el propio espectro puede generar, derivado de la falta de incentivos a su uso y explotación.

Las lecciones internacionales. La experiencia de otros mercados ofrece alternativas. Reino Unido redujo en 2025 sus cargos anuales en 900 y 1800 MHz al reconocer que una sobreestimación del valor podía limitar la inversión. India eliminó el cargo por uso del espectro para futuras subastas, mientras Croacia redujo tarifas para favorecer el despliegue de 5G.

Otros países han avanzado mediante una segunda vía, al convertir parte de la contraprestación en obligaciones de cobertura. Brasil combinó pagos con compromisos de despliegue 4G y 5G, Colombia utilizó obligaciones de cobertura rural en sustitución de parte del pago monetario, y Perú implementó un “Canon por Cobertura”.

La lección es manifiesta: el espectro debe valorarse por la actividad económica y la conectividad que habilita, no únicamente por los ingresos fiscales que se obtienen al ser asignado.

Una nueva oportunidad. La actual coyuntura de transición institucional abre una oportunidad para replantear el modelo mexicano.

Las próximas subastas deben partir de valores de referencia competitivos, calendarios previsibles y condiciones que permitan recuperar las inversiones necesarias para utilizar eficientemente las frecuencias.

También resulta conveniente adoptar una estrategia dual, al establecer una contraprestación proporcional al valor de mercado y compromisos verificables de cobertura e inversión. Así, el Estado no renuncia a obtener ingresos, pero evita que la recaudación se convierta en una barrera para el despliegue.

Después de más de un lustro sin licitar espectro móvil, México no necesita simplemente una nueva subasta. Necesita un nuevo enfoque.

El objetivo final no debería ser colocar el espectro al precio más alto posible, sino lograr que se traduzca en redes, cobertura, competencia, innovación y productividad.

Porque el verdadero valor del espectro no está en lo que se cobra por él, sino en todo lo que puede hacer posible cuando se utiliza.

Por Ernesto Piedras – The CIU