Pese a los diferentes avances tecnológicos que han ocurrido durante los últimos años y los diferentes esfuerzos de los reguladores en México, se percibe un estado que podría describirse de estancamiento en el sector de las Telecomunicaciones. Tomando en cuenta lo anterior, resulta favorable la aprobación una reforma en materia de Telecomunicaciones que permita al país aprovechar el dinamismo de este sector y sus beneficios colaterales.
La banda ancha tiene actualmente 14% de impacto en el bienestar social, el cual es medido por el Índice de Desarrollo Humano. Uno de los puntos más notables es que de forma constitucional se incorpore en el Artículo 6º como Derecho Universal el acceso a las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), a la radiodifusión, a las telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, para todos los mexicanos. De esta forma, el estado se compromete con la inversión y universalización de la banda ancha para disminuir la brecha digital entre la población.
Desde un punto de vista tecnológico se promueve la convergencia de las infraestructuras, sobre todo con las redes de nueva generación y otorgar concesiones únicas para que los concesionarios puedan ofrecer cualquier tipo de servicio a través de sus redes lo cual puede ser un detonante para el sector y habilitar nuevas ofertas de servicios de forma integral.
En los países donde el sector de telecomunicaciones es maduro y funciona en libre competencia sin monopolios existe una oferta de servicios con diferentes calidades y precios; sin embargo, para nuestro país en una etapa inicial sería deseable que el órgano regulador (IFETEL) establezca las condiciones mínimas tanto tecnológicas, económicas y de calidad que deben cumplir aquellos concesionarios que quieran incurrir en la prestación de servicios en ciertos mercados con el objetivo de garantizar equilibrio e igualdad de oportunidades.
Un gran cambio es la apuesta por la apertura del mercado donde se permite la inversión extranjera de hasta 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, lo cual permitirá un mayor dinamismo en los diferentes servicios del sector. En México, nuestro índice de teledensidad es uno de los más bajos debido a la falta de inversión en creación de nuevas redes.
Como caso podemos citar la red de transporte en la que actualmente tenemos dos problemas principales que son la falta de competencia y la falta de cobertura, los cuales pueden ser resueltos con la participación de nuevos jugadores nacionales o internacionales junto con el compromiso del estado para crear una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo en la cual se pueden hacer inversiones públicas o privadas.
El IFETEL contará con facultades para determinar monopolios, otorgar concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, así como sancionar y obligar a los operadores dominantes a compartir su infraestructura, aplicar tarifas de interconexión asimétricas o a desincorporar activos. De esta forma se busca eliminar los monopolios así como tener una mayor agilidad en el proceso de expedición de concesiones y sanciones evitando el doble o triple ventanillas como venía ocurriendo.
Sin embargo, no quedan reflejados aspectos como una estrategia nacional en materia satelital por sus implicaciones de soberanía y seguridad nacional. Tampoco se menciona que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) deberá contar con un rol de promotor del desarrollo socio-económico de México, tal como ocurre con entes reguladores de otros países.
En general, la reforma puede generar mayores oportunidades para todos los actores en el sector de Telecomunicaciones. México ha dado el primer paso con la aprobación de la reforma pero debemos seguir de cerca su habilitación y cumplimiento para que no se quede solo en papel.
Por Aarón Olmedo, Marketing & Sales Support Manager, Siemens Enterprise
