Un contrato se define como un acuerdo entre dos o más personas, en el que se estipulan reglas que seguir en el desarrollo de un proceso, negocio o arreglo. Estos acuerdos sirven para esclarecer los cómos y porqués de alguna transacción que involucra a dos o más personas.
En la actualidad, la mayoría de los contratos todavía son documentos escritos que se rigen por jurisdicciones específicas dependiendo del lugar donde se realizan y en ocasiones requieren de notarios, lo que se traduce en gastos y más tiempo para su elaboración.
Con la evolución tecnológica, el término contrato inteligente ha ganado cada vez más visibilidad. Éste se entiende como cualquier tipo de acuerdo entre dos o más partes, que es capaz de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo de manera automática.
Aunque resulta difícil calcular con exactitud cuántos contratos inteligentes existen hoy en día, la firma de aplicaciones descentralizadas, State of the dApps, apunta que hay más de 1,000 basados en Ethereum, el blockchain más popular para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (Dapps, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un informe de Electric Capital, inversora en protocolos de cifrado, el mercado del blockchain y de las finanzas descentralizadas ha ido en aumento, registrando un crecimiento del 13% desde junio 2018 al mismo mes en 2019.
“Un contrato inteligente funciona de manera autónoma, es capaz de ejecutarse automáticamente, sin intermediarios ni mediadores. Dejan de lado la interpretación, pues sus algoritmos no son verbales. Los contratos inteligentes se componen de códigos informáticos escritos con lenguajes de programación”, comentó Ignacio Bermeo, director de Trato, empresa dedicada a la elaboración de contratos inteligentes.
Este tipo de contratos tienen el potencial de ser usados en varias industrias, desde las más simples, como mediar las transacciones monetarias entre dos o más personas hasta el registro de obras intelectuales como libros o diseños.
Actualmente, puede enumerar su uso en la banca tradicional, seguros, educación, gobierno y telecomunicaciones. De acuerdo con la firma mexicana Trato, entre las ventajas de que sus contratos sean inteligentes están:
Simplifican las cosas
La base tecnológica del propio contrato hace que la velocidad de los procesos aumenten rápidamente. Además, puede consultar el estado del contrato antes, durante y al finalizar el acuerdo.
Por un lado, evita la contratación de personas que antes hacían tareas repetitivas, así como el tiempo de espera que supone el trámite burocrático de un contrato con la autoridad pertinente.
“Los contratos con Blockchain representa un avance para las empresas, ya que cuando se elaboran de manera tradicional y llegan a algún problema jurídico, se tiene que ingresar a un litigio y no se cuenta con toda la información, porque todo estaba entre correos o archivos en papel, lo que hace muy difícil integrar todo en un expediente”, comentó Ignacio Bermeo.
Seguridad
Con la implementación de IA en sus contratos, los errores en la transacciones serán nulos. El proceso de ejecución es descentralizado y no se puede cambiar, por lo que existe menos riesgo de incumplimiento o manipulación de la gestión de dicho contrato.
“Con la encriptación de sitios web se mantienen seguros sus documentos. De hecho ningún hacker puede infiltrarse en el diseño de los mismos y alterarlos, por lo que la información siempre se mantiene segura”, agregó el director de Trato.
Menos intermediarios y menor costo
Con este tipo de convenios elimina directamente la intervención de terceros, como bancos o notarios que dan fe al contrato. Al no existir intermediarios que verifiquen o realicen el contrato, los costos de las transacciones se reducen automáticamente.
Por ejemplo, si dos personas deben aportar una cantidad de cinco mil pesos mensuales para alcanzar una cifra de 100 mil, el contrato inteligente bloqueará esos fondos hasta que se cumplan las condiciones del mismo. Por el contrario, si no se utilizara un contrato inteligente, se requeriría la intervención de un notario que validara el acuerdo y pagarle a un intermediario o abogados en el caso de incumplimiento.