México se adentra en un experimento democrático sin precedentes: la elección popular de jueces y magistrados. En las próximas semanas, los ciudadanos elegirán a quienes impartirán justicia, mientras los candidatos judiciales navegan el terreno desconocido de las campañas digitales. Sin recursos millonarios ni experiencia política, estos juristas intentan conquistar un electorado disperso a través de las pantallas, transformando el rostro tradicional de la justicia en avatar digital.

La primera pregunta que conviene hacernos: ¿es posible votar a un juez? La mayoría de los países del mundo no lo creen así, por eso sus sistemas judiciales son por mérito más que por votación. En algunos estados de la Unión Americana, es posible votar a los jueces pero quienes se postulan a ello son los fiscales, por eso tienen qué ofrecer: las condenas y los criminales famosos que meten a la cárcel. Para el resto de jueces y magistrados lo único que pueden ofrecer es su nombre vinculado a una trayectoria y un prestigio que difícilmente puede apreciar un ciudadano.

Una vez dicho lo anterior podemos entender por qué la complejidad de “anunciarse” en redes sociales. Los actuales candidatos y candidatas a puestos en el poder judicial, no pueden ofrecer un cambio ideológico, su postura única es cumplir la ley. Tampoco pueden prometer eficiencia porque dependen de un aparato burocrático antiguo y lento que no se ha modificado para hacer su trabajo, sin contar con un personal sindicalizado y sin expectativas de cambio.

Por lo tanto, lo que nos ofrecen en las redes sociales son fotografías, ilusiones, poses y sonrisas. La mayoría está utilizando Facebook porque es la red social en donde se encuentran la mayoría de sus electores potenciales, hombres y mujeres entre los 30 y 40 años que adoptaron esta plataforma y siguen vinculados a ella.

Los más “modernos” se atreven a usar Instagram y LinkedIn por que piensan que los puede acercar a electores más jóvenes, menos sesgados políticamente y más abiertos a un cambio de época que busquen la novedad de “votar” a un juez en pleno siglo XXI.

Los más avezados utilizan X (antes Twitter) para mostrar sus posturas frente a hechos políticos de coyuntura y con ello pretenden descalificar a sus posibles oponentes, además de ser figuras mediáticas con posturas políticas más que jueces o magistrados preparados que busquen cumplir la ley.

Algunos candidatos han comenzado a usar WhatsApp, RedNote, Telegram o algún servicio de mensajería instantánea para acercarse a grupos de electores concretos: familiares, amigos, compañeros de trabajo que promuevan su candidatura y el voto por el magistrado. Pero el “éxito” de estas plataformas es dudoso e incierto para convencer a los electores.

Al igual que una campaña política tradicional el impacto de las redes sociales en la decisión final de votar o no por algún candidato es una incógnita. No por tener muchos “likes” o “followers” implica que tiene la decisión de ellos de ir a votar y que lo hagan por tal o cual candidato. Las redes sociales son engañosas en materia política y muchos usuarios sólo las consumen por información más que por interacción.

La fusión entre justicia y popularidad que promueve esta reforma abre interrogantes profundas. ¿Serán las redes sociales un puente efectivo entre juristas y ciudadanos o solo un escaparate de sonrisas sin sustancia? Más allá de likes y seguidores, el verdadero desafío será si este experimento fortalece o debilita la independencia judicial. El veredicto final no lo emitirán los algoritmos, sino la legitimidad y calidad de justicia que reciban los mexicanos en los próximos años.

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El autor de la columna Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en [email protected] y en la cuenta de Threads @horus72.