Entró en vigor la nueva ley que regula, entre otras cosas, el comercio electrónico en Europa. Aprobada el pasado mes de marzo, desde el comienzo ya fue blanco de las críticas. En este sentido, tanto asociaciones como empresas continúan mostrando su malestar por esta nueva ley al considerar que frenará el crecimiento del comercio electrónico en toda Europa.

Así, tanto Pixmania.com, como vente-privée.com, además de las organizaciones aDigital (Asociación Española de la Economía Digital) y REi (la red de empresas de internet) han mostrado su desacuerdo con esta nueva normativa al considerar que “podrían poner en peligro el desarrollo del comercio electrónico en toda Europa”.

De esta forma, solicitan “al Gobierno español que no apoye el texto adoptado por la Comisión IMCO”. A la hora de realizar esta solicitud,  los organismos consideran que “dichas medidas resultan exageradas y desproporcionadas, ya que según la proposición de la directiva “Derechos de los consumidores”, todos los sitios de comercio electrónico en España, tendrían la obligación de distribuir sus productos a toda Europa”.

Además, también afirman que  “en la mayoría de los países europeos, el cliente dispone de siete días para cambiar de opinión y devolver el producto. El Parlamento Europeo ha decidido extender este periodo legal de derecho de retractación al doble: 14 días (14 días para la notificación y 14 días para la devolución del artículo). En total, la duración del derecho de retractación es de un mes, es decir, cuatro veces superior al plazo que existe actualmente”.

 Si continuamos con las medidas aprobadas, cabe señalar que,  desde hoy, el vendedor deberá reembolsar al consumidor antes de haber recibido el producto devuelto. Asimismo, y para cualquier pedido cuyo importe supere los 40 euros, “la empresa se verá en la obligación de reembolsar los gastos de devolución, además de los gastos de envío,  al cliente, que al cabo de 14 días, puede cambiar de opinión y decidir devolver el producto”. En este sentido, y en opinión de los firmantes, estas medidas podrían poner en riesgo el equilibrio financiero de muchas empresas en Europa por dos razones: “por el costo directo que representan, es decir, para un pedido de 40 euros, la pérdida directa para el vendedor puede ser estimada en 10 euros”, y  porque “estas medidas pueden causar de igual manera un fuerte aumento del número de productos devueltos, puesto que puede incitar a ciertos clientes a pedir varios productos a la vez, incluso sin que haya una intención real de compra”.

“Estas medidas tendrán una repercusión negativa entre los consumidores, así como un impacto inevitable en el nivel general de los precios. Teniendo en cuenta los bajos márgenes de beneficio ya constatados en el comercio electrónico, la mayoría de las empresas no tendrán otra salida que aumentar sus precios de venta en internet”, destacan las compañías.

“El principal problema de esta iniciativa es que el Parlamento Europeo no ha tenido en cuenta la opinión de los profesionales,  ni tampoco el posible impacto económico que esto podría suponer”, destacan las organizaciones quienes además se muestran de acuerdo en “mejorar la protección del consumidor y armonizar las reglas a nivel europeo, aunque estas últimas propuestas por parte del parlamento europeo resultan exageradas y desproporcionadas”.