A pesar del avance en los indicadores de medición de inclusión financiera, en América Latina persiste un rezago en cuanto al acceso a servicios financieros básicos refiere. El porcentaje de población adulta con acceso a una cuenta en el sistema financiero es de 51.1 %, menor al promedio mundial de 60.7 %, mientras que la cifra para los países de altos ingresos de la OECD es 94 %, según datos del Banco Mundial.

Estos números dan fe de la magnitud del reto, pero también del potencial de crecimiento en los próximos años, a la luz del surgimiento de las nuevas empresas de servicios financieros basadas en innovación tecnológica (conocidas como fintech o tecnofinancieras).

Más allá del acceso a una cuenta bancaria, el mayor reto es utilizar los servicios de crédito, ahorro y seguros. Tan sólo 13.5% de los latinoamericanos ahorran a través del sistema financiero, y únicamente 11.3% manejan los servicios de crédito. Además, las pymes, que constituyen 99 % de las empresas de la región, presentan dificultades para explorar todas las fuentes de financiamiento. Las fintech representan una oportunidad para ofrecer servicios a estos segmentos relegados por el sistema financiero.

Las nuevas tecnologías de servicios financieros pueden reconfigurar el sistema financiero de la región de la siguiente forma:

• Creando incentivos para una mayor competencia, lo cual representaría menores márgenes de intermediación.
• Promoviendo un mejor desempeño financiero de las empresas, por ejemplo, agilizando las opciones de pago, facturación y reduciendo el costo de un crédito.
• Generando incentivos para una mayor inclusión que fomentara el ahorro y la inversión en la región.

En la región operan más de 700 empresas de tecnofinanzas que ofrecen plataformas de servicios financieros, según el BID.

Se estima que el 25.6 % de estas fintech se enfoca al financiamiento alternativo, como donaciones, bienes raíces, crédito al consumo y a las pymes.

Mientras que 25.2 % ofrecen soluciones de pago, como envío de dinero, cobro y puntos de venta, 23 % se dedican a la gestión de finanzas personales y empresariales; el resto brinda servicios diversos.

Esta nueva reconfiguración no está exenta de retos. Se requiere una regulación acorde a las necesidades de la región, que no sea restrictiva y pueda generar un ecosistema sano, con candados al lavado de dinero, promoviendo así la competitividad y transparencia en un ambiente de certidumbre.

América Latina tiene una tarea pendiente: lograr incrementar el porcentaje de la población con acceso a servicios básicos en el sistema financiero. Si bien se han registrado avances en los últimos años, la brecha persiste. El surgimiento de las fintechs puede impulsar la inclusión financiera en la región.

Las brechas latinoamericanas al acceso financiero

Pese al avance en inclusión financiera, América Latina se encuentra muy lejos de la meta establecida por el Banco Mundial para alcanzar acceso financiero universal en 2020. La mayor parte de los países tienen una larga brecha que cerrar para alcanzar la meta, una oportunidad muy atractiva dado el tamaño del mercado latinoamericano.

Fuente: Banco Mundial.

Entre los indicadores más comunes para medir la inclusión financiera se encuentra el porcentaje de población adulta que ha hecho un préstamo y que posee una cuenta en una institución del sistema financiero, así como una cuenta de ahorro. Solo tres países en la región superan el promedio mundial (60.7 %) en el acceso a una cuenta en una institución financiera: Brasil (68.1 %), Costa Rica (64.6 %) y Chile (63.3 %).

El promedio regional de población adulta con una cuenta de ahorro es de 13.5 %; en países como Nicaragua, tan solo alcanza 6.8 % de la población bancarizada. Otras cifras refieren al bajo acceso al crédito. En el país mejor posicionado, Chile, solo el 13.5 % de la población bancarizada ha solicitado un préstamo.

Estas cifras, alarmantemente bajas, limitan el crecimiento de la región, contribuyendo a un bajo ahorro nacional y restringiendo las oportunidades de financiamiento de proyectos productivos.

Las fintech pueden fomentar la inclusión financiera y, para ello, se requiere un marco regulador efectivo que brinde certidumbre, garantice la competencia y contribuya a reducir los márgenes de intermediación financiera, típicamente altos en la región.

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La autora de este artículo, Sonia Monárrez Martínez, es investigadora en Business Analytics de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) Business School, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.