Representantes de empresas tecnológicas como Google, Mercado Libre, Facebook, Twitter y Airbnb, integrantes todas ellas de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), externaron su opinión ante las nuevas disposiciones impositivas realizadas por el gobierno de México, que serán votadas en ambas cámaras este mes.

“Estamos a favor del pago de impuestos en servicios digitales, pero no de una propuesta que vulnere los derechos y el acceso a servicios por Internet de nuestros usuarios, tal como están planteados en algunas disposiciones del Paquete Económico 2020”, externó Sissi de la Peña Mendoza, Directora de la ALAI.

La propuesta actual considera el cobro del ISR (Impuesto sobre la Renta) calculadas sobre el costo del bien o servicio y no sobre ganancias, “como debiera ser calculado”, según la ALAI. Esto generaría retenciones excesivas que se traducirían en una reducción de las ganancias netas que obtienen a través de las plataformas digitales. “Lo anterior ocasionaría también un gran número de solicitudes de devolución por saldos a favor ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo cual incentivaría la informalidad”, advirtió Alehira Orozco, Directora de Políticas Públicas de Mercado Libre.

En caso de que la reforma fuera aprobada la propuesta tal como está, se incluiría en la Miscelánea Fiscal en marzo del próximo año a más tardar, para entrar en vigor un mes después, en abril de 2020.

Al respecto, De la Peña Mendoza dijo que los tiempos de implementación de dicha reforma son poco realistas, pues si incluso las grandes plataformas –que cuentan con la infraestructura necesaria y el capital humano para atender las peticiones del Paquete Económico han señalado que los tiempos de implementación son limitados–, el impacto para los pequeños empresarios del ecosistema digital sería considerable, ya que no tendrían la capacidad para cubrir el trabajo técnico para garantizar que los sistemas de facturación funcionen adecuadamente.

Se puso como referencia el caso de Colombia, cuya regulación necesitó más de año y medio para ser implementada, e incluye requerimientos menores que los de la iniciativa presentada en México.

Detalles de la iniciativa

En la conferencia de prensa convocada por la ALAI, participó también el especialista fiscal Luis Antonio González, socio del despacho Sánchez-Devvany, quien recordó que el pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al H. Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020, que incluye la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. El 20 de octubre de este año es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe la reforma y el 31 de octubre haría lo propio la Cámara de Senadores. El 15 de noviembre, los diputados deberán aprobar el Paquete Económico 2020 en su totalidad, y 20 días después se publicaría en el Diario Oficial de la Federación.

Participante en el Foro Global de Intercambio de Información Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarollo Económicos (OCDE) y delegado de México del Grupo de Trabajo 9 – “Impuestos al Consumo” de la misma organización, González expuso las recomendaciones emitidas por ésta respecto a la recaudación del IVA en las plataformas digitales. Entre otras, la OCDE sugiere un trabajo conjunto entre la autoridad fiscal y las empresas que operan en la economía digital, así como otorgar el tiempo necesario para establecer una adecuada implementación por parte de las plataformas de recaudación del IVA.

“Colombia ha implementado las recomendaciones de la OCDE para establecer un registro voluntario simplificado de plataformas extranjeras para efectuar dicha recaudación”.

Respecto a los impuestos que incluye la propuesta de reforma, Luis González, quien laboró por 20 años en el SAT, dijo que se dividen en dos: los impuestos que impactan a las empresas digitales (el IVA a los servicios de las plataformas y el ISR, que actualmente se discute de manera global cómo debería aplicarse) y los que impactan a los usuarios o consumidores de los servicios provistos por tales empresas (retención del 50% del IVA cobrado como sugiere el contexto internacional, y el ISR, en cuyo caso la reforma establece tres categorías: transporte, entrega de bienes, hospedaje y administración de bienes, que va del 2 al 17% dependiendo del rubro).

Finalmente, al hablar de los riesgos que pudiera tener la implementación de la propuesta de reforma en México, el especialista fiscal advirtió que las plataformas digitales pequeñas serían las más afectadas en cuanto al aspecto económico y administrativo, pues no tendrían los sistemas adecuados que controlen la operación y provean la información requerida. Esto podría ocasionar un aumento de la informalidad y una caída en la recaudación, que ni las empresas ni la autoridad desean.

En esto coincidió, Jorge Balderrama, Gerente de Políticas Públicas de Airbnb, al señalar que la responsabilidad que se da a las empresas de cobrar y hacer el pago de los respectivos impuestos también puede generar un incremento en la economía informal. “Una persona va a preferir pagar todo en efectivo y hacer transacciones tradicionales, que en vez de usar las plataformas digitales”.

Resaltó que a la fecha suman 48 los países que han implementado regulaciones en materia de Economía Digital en Latinoamérica, entre ellos Colombia, Costa Rica, Argentina y Uruguay, todos siguiendo las recomendaciones de la OCDE.

La posible desconexión de servicios

Como organización sin fines de lucro, el propósito de la ALAI es el desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe, recordó De la Peña Mendoza. “Nuestros valores fundamentales son la libertad de expresión, la educación digital, la innovación, el emprendimiento digital, el crecimiento económico y el empoderamiento de los usuarios”, aseveró.

Por su parte, Grecia Macías, representante de la organización mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), dijo estar preocupada por la posible desconexión de servicios digitales a quienes incumplan con lo establecido en la propuesta de reforma. “La sociedad está a favor que las empresas paguen impuestos, pero no con las sanciones excesivas como la Desconexión de Internet que atenta a la libertad de expresión”, afirmó la defensora de derechos humanos en materia digital.

Asimismo, Lina Ornelas, Directora de Relaciones con Gobierno y Asuntos Públicos de Google México, recalcó que las sanciones en caso de incumplimiento son “desproporcionadas”, ya que le dan la facultad a una autoridad en sede administrativa –como lo es el SAT–,  de ordenar a los proveedores de servicios de Internet (ISPs) para llevar a cabo la Desconexión de Internet de aplicaciones o servicios, emprendimientos y  plataformas que no cumplan en tiempo y forma con lo solicitado por la SHCP. “El impacto económico de pérdida estimado sería de entre 1% y 1.9% del PIB por cada día desconectado, lo cual equivale a entre 6.6 millones de dólares y 23.6 millones de dólares por cada 10 millones de habitantes diarios”.

Para el caso de México, NetBlocks e Internet Society, mediante su herramienta COST, calculan que el costo por día de tener bloqueos temporales en el país ascendería a 336 millones de dólares, o 6,435 millones de pesos mexicanos diarios.

Finalmente, Sissi de la Peña reiteró que la ALAI y sus empresas socias reiteran su disposición para mantener un diálogo abierto y transparente con las autoridades, para que en conjunto se defina un esquema tributario eficiente y eficaz, que contribuya al objetivo común de promover el desarrollo nacional y el crecimiento económico.