México lleva tres años debatiendo la regulación de la inteligencia artificial sin producir una sola ley aprobada. Mientras el mundo legisla, nosotros acumulamos principios, foros y borradores. El llamado de la presidenta Sheinbaum a debatir el futuro de la IA en el país es bienvenido, pero no basta con abrir el debate: hay que saber qué queremos de él.
El historial legislativo de esta iniciativa es inquietante. En 2023, el diputado Ignacio Loyola presentó la Iniciativa de Ley de Regulación Ética de la IA y la Robótica. Ese mismo año, un foro sobre regulación de IA derivó en la Agenda Nacional de IA 2024–2030, elaborada en conjunto con la UNESCO. En abril de 2024, Ricardo Monreal presentó una Iniciativa de Ley Federal en materia de IA; fue hasta octubre cuando se formalizó la primera propuesta con principios de transparencia, protección de derechos humanos y supervisión algorítmica. Diversas fracciones parlamentarias la han retomado a lo largo de 2024 y 2025. Ninguna ha recibido dictamen. Ninguna ha sido aprobada ni publicada.
El esfuerzo más visible en el terreno no legislativo son los Principios de Chapultepec, impulsados por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital (ATDT). Sus diez principios recuperan, con adaptaciones, los marcos de la UNESCO, la OCDE y el Acta de Principios de IA de la Unión Europea, incorporando énfasis en diversidad lingüística indígena. Sin embargo, su mayor debilidad es de fondo: carecen de mecanismos de cumplimiento, su redacción es imprecisa y omiten dos temas críticos. El primero es la soberanía tecnológica: ¿Quién debe ser propietario de los datos generados por sistemas de IA gubernamental? El segundo es la participación ciudadana: su representatividad en el proceso de elaboración de estos principios es desconocida.
La iniciativa más reciente, presentada en mayo de 2026, propone una autoridad regulatoria independiente y mecanismos de auditoría para sistemas de alto riesgo. Es el paso más concreto hasta la fecha, aunque carece de claridad sobre sus alcances reales y su articulación con las necesidades jurídicas específicas que el avance de la IA exige en cada contexto nacional.
Detrás de este historial de propuestas inconclusas hay una pregunta que México no ha respondido con honestidad: ¿Qué lugar quiere ocupar en la economía global de la inteligencia artificial? Existen dos caminos posibles. El primero es el de los países que desarrollan IA propia y aspiran a ser actores tecnológicos independientes. El segundo es el de quienes adoptan tecnología producida por otros y la integran a sus procesos productivos y públicos para modernizarse de manera competitiva. El primer camino exige inversión masiva en infraestructura de cómputo y capital humano especializado que México no posee hoy. El segundo, en cambio, es alcanzable si se diseña con inteligencia: no como resignación, sino como estrategia de inserción real en la economía digital global. Países como India, Brasil o Corea del Sur han construido ventajas competitivas significativas desde esta posición.
La elección entre ambos caminos requiere un debate político serio, no declaraciones de principios que nadie está obligado a cumplir.
México no puede seguir debatiendo la regulación de la IA en el vacío. El primer paso urgente no es una ley: es una estrategia nacional que defina con claridad qué queremos construir, qué queremos adoptar y a quién le rendiremos cuentas. Sin esa dirección, cada iniciativa legislativa seguirá llegando tarde y siendo archivada antes de entrar en vigor.
El autor de la columna TecnoGob, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Threads @horus72.
