A pesar del incremento masivo de la cantidad de migrantes que, a raíz de la pandemia de la COVID-19, envían dinero a sus hogares por medio de transferencias digitales, millones de sus familiares en las zonas rurales experimentan dificultades para acceder a los servicios de banca móvil que podrían contribuir a liberarlos de la pobreza. En se sentido, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA) exhortó invertir de forma urgente en infraestructura digital y servicios móviles en los países en desarrollo, con el objetivo de garantizar que las familias rurales no queden atrás.
“Durante la pandemia, los migrantes han demostrado un compromiso inquebrantable con sus familias y comunidades; nunca antes se habían realizado tantas transferencias de remesas por medios digitales”, afirmó Gilbert F. Houngbo, presidente del FIDA, teniendo como marco el Día Internacional de las Remesas Familiares.
El directivo agregó: “Por desgracia, las familias que residen en las zonas rurales y remotas —y para quienes las remesas son una verdadera salvación— afrontan serias dificultades para acceder a cajeros o a otras alternativas aún más convenientes como las cuentas de dinero móvil. Los Gobiernos y el sector privado deben invertir urgentemente en la infraestructura digital rural a fin de resolver esta cuestión”.
El año pasado, las remesas móviles aumentaron un 65% y ascendieron a un total de 12,700 millones de dólares. Ese cambio obedeció al menor uso del efectivo a raíz a las medidas de confinamiento, que limitaron los canales informales, y a las normas de distanciamiento físico, que afectaron tanto a los remitentes como a los receptores.
Pese a la recesión económica mundial ocasionada por la pandemia, los migrantes siguieron enviando dinero a sus familias, y en 2020 las remesas alcanzaron un total de USD 540 000 millones, lo que supone una disminución de apenas el 1,6 % con respecto al año anterior.
No obstante, en muchos países, las personas que residen en las zonas rurales remotas disponen de un acceso limitado a servicios bancarios en el ámbito local, o su conectividad móvil es deficiente. Además, existen pocos agentes que ofrezcan servicios de dinero móvil, como el desembolso en efectivo. A menudo, los proveedores de servicios de dinero móvil solo se encuentran en los centros urbanos. Esto significa que millones de personas pobres de las zonas rurales se ven obligadas a recorrer largas distancias hasta las ciudades, lo cual suele tener un costo elevado, a fin de recibir el dinero que sus familiares migrantes les envían por medios digitales.
Las transferencias digitales son más baratas que las transferencias de efectivo tradicionales, y los servicios de banca móvil también brindan a los migrantes y los familiares en sus países de origen la oportunidad de acceder a productos financieros útiles y asequibles para gestionar mejor sus finanzas, como los servicios de ahorro, préstamo y seguros.
En todo el mundo, 200 millones de migrantes envían dinero periódicamente a unos 800 millones de familiares. Esto repercute de manera fundamental en sus condiciones de vida y sus medios de sustento. Casi la mitad de esas familias viven en las zonas rurales de países en desarrollo, donde se registran las tasas de pobreza y hambre más elevadas.
“Aunque la pandemia ha acelerado el uso de las transferencias digitales y las cuentas de dinero móvil, también ha puesto de relieve una profunda desigualdad de género”, sostuvo Pedro de Vasconcelos, Jefe del Fondo de Financiación para Remesas (FFR) del FIDA. “Las investigaciones muestran que es tres veces menos probable que las mujeres dispongan de una cuenta de dinero móvil. Debemos hacer hincapié en poner fin a esa disparidad y derribar los obstáculos que impiden que las mujeres accedan a los servicios financieros móviles y los utilicen”.
Desde marzo de 2020, el FIDA dirige el Grupo de Trabajo de la Comunidad Mundial de Remesas, conformado por 41 organizaciones internacionales, organismos intergubernamentales, grupos de la industria y el sector privado y redes de organizaciones de la diáspora, que tiene por objeto responder a los efectos de la pandemia de la COVID-19 en los 1 000 millones de personas que participan directamente en el sector de las remesas.