En México, en los últimos dos años se identificaron 43,116 incidentes de seguridad informática. De ellos, 79% afectó al sector privado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El reto es especialmente relevante por la estructura empresarial del país. De acuerdo con los Censos Económicos de 2024, las microempresas representan 95.4% de las 5.47 millones de unidades económicas del sector privado y empresas paraestatales.
No obstante, el impacto económico puede ser considerable para las organizaciones de mayor tamaño. De acuerdo con el State of Ransomware 2025 de Sophos, el costo promedio de recuperación de un ataque de ransomware en México alcanzó US$1.35 millones, sin considerar el pago del rescate
A nivel regional, el panorama también muestra una presión creciente. El Banco Mundial señala que los principales incidentes cibernéticos divulgados en América Latina y el Caribe aumentaron 25% anual durante la última década.
El organismo estima, además, que una reducción de los incidentes cibernéticos podría incrementar hasta 1.5% el PIB per cápita de un país en desarrollo durante un periodo de diez años. La ciberseguridad, por tanto, también está vinculada con la confianza, la competitividad y la expansión de la economía digital.
Instituciones del gobierno mexicano, también en la mira
A principios de 2026, México sufrió uno de los mayores incidentes de su historia digital, donde se vulneraron al menos 25 instituciones públicas (como el SAT, el IMSS y gobiernos estatales), resultando en la filtración de 2.3 terabytes de información.
Las investigaciones de firmas como Gambit Security demostraron que los atacantes utilizaron herramientas comerciales de Inteligencia Artificial (especialmente Claude Code de Anthropic y APIs de OpenAI) para automatizar la búsqueda de fallas en plataformas obsoletas operadas por terceros.
Este ataque masivo fue ejecutado principalmente por hacktivistas (como el grupo Chronus) y ciberdelincuentes comunes,
“Otro caso reciente también puso bajo la lupa la exposición de datos personales en el sector privado. El 20 de septiembre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, como parte de un monitoreo forense, detectó en Telegram una publicación que ofrecía una base de datos supuestamente atribuible a Aeroméxico con más de 15 millones de registros. La autoridad obtuvo una muestra de 100,092 registros para su análisis e inició una investigación para determinar su procedencia y posibles responsabilidadesFidel Delgado, Gerente Coordinador – data analytics & cyber security en Salles Sainz Grant Thornton
Guanajuato: instituciones públicas también enfrentan el riesgo
En Guanajuato, el riesgo de vulneración de información también se ha materializado en instituciones públicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) enfrentó al menos dos incidentes entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. En el primero, la institución reconoció que parte de su infraestructura digital había sido vulnerada y que 1.7% de sus equipos resultaron afectados. En febrero, la Fiscalía activó nuevamente sus protocolos de revisión técnica ante una presunta extracción de 336 mil expedientes del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres.
La situación se extendió a otras dependencias. En abril de 2026, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó un ataque a una de sus plataformas administrativas que derivó en la extracción de información del personal de la institución; reportes periodísticos señalaron que la información correspondía a más de 6 mil elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
Estos casos muestran que la ciberseguridad no es únicamente un asunto tecnológico: cuando una institución almacena información personal, operativa o sensible, una vulneración puede tener consecuencias sobre personas, servicios públicos y la continuidad de las operaciones.
Más digitalización, pero también mayores exigencias
El diagnóstico Estado de la ciberseguridad en la Alianza del Pacífico y las políticas de apoyo para fortalecerla, presentado en abril de 2026 por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), identifica diversos obstáculos para las MIPYMES de la región.
Entre ellos se encuentran el costo de las soluciones de seguridad, la escasez de capacidades técnicas, la subestimación del riesgo y respuestas que suelen activarse después de que ocurre un incidente.
Para las empresas que participan en mercados internacionales, además, los requerimientos de seguridad y protección de datos pueden representar una exigencia adicional para acceder a determinados mercados.
El mismo diagnóstico señala también una brecha entre el avance de la digitalización y las capacidades disponibles para enfrentar amenazas cibernéticas.
Cinco frentes para fortalecer la seguridad digital
Ante este escenario, Salles Sainz Grant Thornton identifica cinco acciones que las empresas pueden incorporar a su gestión de riesgos digitales:
- Pasar de la reacción a la prevención. Identificar activos críticos, accesos, información sensible y posibles puntos de vulnerabilidad antes de que ocurra un incidente.
- Involucrar a toda la organización. La seguridad digital no depende únicamente de Tecnología. Recursos Humanos, Finanzas, Legal, Operaciones y Dirección también deben conocer sus responsabilidades ante un incidente.
- Priorizar los activos críticos. El primer paso puede ser identificar qué información, sistemas y procesos tendrían mayor impacto si fueran comprometidos, así como establecer medidas para protegerlos y recuperarlos.
- Revisar a terceros y proveedores. Un incidente en un proveedor puede trasladarse a otras empresas dentro de una cadena de valor. Por ello, la evaluación de riesgos debe ir más allá de los sistemas propios.
- Preparar un plan de respuesta y continuidad. Además de prevenir, las organizaciones necesitan definir quién toma decisiones, cómo se comunica un incidente, qué información debe preservarse y cómo se recuperará la operación.
De la capacitación a una estrategia de ciberseguridad
El diagnóstico regional plantea que las políticas de apoyo a las MIPYMES deben ir más allá de la sensibilización y capacitación básica.
Entre las oportunidades identificadas se encuentran ofrecer asistencia técnica, facilitar mecanismos de financiamiento y desarrollar herramientas diferenciadas de acuerdo con el nivel de madurez de cada empresa.
También plantea integrar la ciberseguridad a las estrategias de internacionalización, fortalecer los sistemas de información sobre incidentes y desarrollar guías simplificadas de gestión de riesgos para MIPYMES.
En este contexto, el Mes de la Ciberseguridad representa una oportunidad para que las organizaciones, de cualquier índole y rubro, revisen no solo sus herramientas tecnológicas, sino también sus procesos, responsabilidades y capacidad de recuperación.
Hoy en día, una estrategia de ciberseguridad madura no consiste únicamente en adquirir tecnología; implica conocer los riesgos del negocio, establecer responsabilidades y contar con mecanismos que permitan mantener la operación y recuperar la información cuando un incidente ocurre.
