Albania acaba de nombrar su primera ministra que nunca dormirá, nunca aceptará sobornos y procesará miles de licitaciones sin descanso. Diella, un chatbot con inteligencia artificial, promete revolucionar las compras públicas del país balcánico. ¿Innovación anticorrupción o teatro tecnológico?.

Diella funciona con modelos de lenguaje grande (LLM), similares a los que emplean ChatGPT, Claude o Gemini. Su misión es detectar irregularidades en los procesos de adquisición del Estado, comparando ofertas y señalando riesgos de corrupción. La integración no es menor: Albania ya contaba con e-Albania, una plataforma digital con trámites en línea y comandos de voz. El país tenía la infraestructura; ahora busca dotarla de autonomía analítica. Aun así, se desconocen los criterios algorítmicos exactos, el nivel de supervisión humana y el grado real de independencia del sistema. Es, sin duda, un parteaguas para la organización gubernamental.

Como dicen Bijker y Pinch, todo artefacto tecnológico es también un artefacto político. Diella no es la excepción. Su lanzamiento responde tanto a la agenda de transformación digital de Albania —clave para su aspiración de integrarse a la Unión Europea— como a una estrategia comunicacional que busca proyectar eficiencia y transparencia. Esta es la primera crítica: la tecnología puede convertirse en espectáculo, una promesa de rendición de cuentas que no sustituye las reformas estructurales que el país necesita con urgencia.

La segunda crítica recae en los criterios y datos que alimentan a Diella. ¿Con qué información fue entrenada? ¿Cómo decide qué oferta es la más adecuada o más transparente? ¿Puede una IA distinguir entre una propuesta técnicamente sólida y una que oculta riesgos legales o financieros? Sin lineamientos públicos la automatización podría reforzar sesgos o favorecer a ciertos actores sin que nadie lo advierta.

A ello se suma una tercera crítica: no existe experiencia previa. Ningún gobierno ha puesto una IA en un rol de autoridad administrativa para evaluar compras públicas. La falta de precedentes implica que sus decisiones serán, en buena medida, probabilísticas. Una misma licitación podría recibir dictámenes distintos en diferentes iteraciones, complicando la posibilidad de debatir, revisar o impugnar el criterio de la máquina.

En este contexto, la decisión pionera del gobierno albanés obliga a otros países a reaccionar. Primero, creando leyes claras para regular el uso de IA en decisiones automatizadas que afecten derechos ciudadanos. Segundo, estableciendo metodologías para medir el impacto real de estas herramientas en la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia. Solo así podremos distinguir entre innovación auténtica y simple cortina de humo.

Albania ha lanzado un experimento que los gobiernos del mundo observarán con atención. Si Diella demuestra reducir efectivamente la corrupción, podría inspirar una ola de ministros algorítmicos. Si fracasa, quedará como advertencia sobre los límites de delegar decisiones públicas a máquinas. La pregunta no es si la IA puede ayudar al gobierno, sino bajo qué condiciones debe hacerlo.

El autor de la columna TecnoGob, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Threads @horus72.