Como ya todos han escuchado, se aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el cual busca disminuir delitos como secuestro y extorsión.
Este tema ha sido objeto de inconformidad por toda la industria, la academia y gran parte de la población, pues tiene distintas aristas de las cuales ninguna es positiva.
En primer lugar es importante mencionar que no existe una correlación positiva entre un registro como el PANAUT y la disminución de la criminalidad, por el contrario, en algunos países, se han detonado incentivos al uso de la información recabada para la comisión de fraudes y otros delitos.
En Pakistán se utilizó esta regulación como mecanismo de combate al crimen y lo único que generó fue que aumentaran las actividades ilícitas mediante un mercado negro de tarjetas SIM y un aumento en los delitos de fraude.
Además, México se sumaría a la corta lista de países autoritarios que requiere el registro de datos biométricos para la contratación de servicios móviles, como Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Uganda y Zambia. En contraste, países como: Canadá, República Checa, Irlanda y los Países Bajos han rechazado este tipo de propuestas ante la evidencia de que no es un mecanismo útil para combatir el crimen.
En el mercado de telecomunicaciones móviles en México se comercializan de forma trimestral 12 millones de líneas o tarjetas SIM, adquiridas en diversos puntos de venta como tiendas de conveniencia, de abarrotes, de autoservicio y departamentales. Con la implementación del PANAUT se erigirán costos monetarios y transaccionales significativos para estos puntos de venta y por ende desincentivando la contratación de servicios para los usuarios económicamente más vulnerables, es decir aquellos que se encuentran en zonas rurales y semi-urbanas.
Por otra parte, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) con modelos de negocios 100% digitales, es decir, que no cuentan con establecimientos físicos para la recolección de datos, no podrán cumplir con las obligaciones impuestas por el PANAUT. Esta circunstancia generará barreras al desarrollo de estos, perpetuando la elevada concentración de mercado que padece nuestro sector.
Asimismo, se ha proyectado que el IFT deberá destinar alrededor de 100 millones de pesos al año para la administración del PANAUT, institución que por su naturaleza no funge como órgano de gestión de información y resguardo de bases de datos, por lo que no cuenta con capacidades técnicas ni de capital humano para una encomienda semejante.
Si el propósito es frenar las extorsiones telefónicas, que por cierto 9 de cada 10 de esas llamadas se originan desde de centros penitenciarios, lo más efectivo sería dedicar recursos al bloqueo de las comunicaciones de entrada y salida de estos 447 penales. Hoy esta medida a quien más va a perjudicar y vulnerar es al consumidor y no a los criminales.
Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit, Theciu.com/
