Por fin, tras el avance producido en el seno del G7 recientemente, se ha alcanzado un acuerdo a nivel de la OCDE para establecer un nuevo plan internacional que reforme las regulaciones fiscales globales y garantice que las empresas multinacionales paguen un porcentaje justo de impuestos allí donde operan y obtienen beneficios, además de añadir estabilidad y seguridad al sistema.

El acuerdo, en el que se lleva más de una década trabajando, ha sido aceptado por 130 países y jurisdicciones que, como recuerdan desde la entidad, representan más del 90% del PIB mundial. Solo un pequeño grupo de los 139 miembros del Marco Inclusivo no se ha suscrito todavía a esta declaración. 

El nuevo marco, cuya implementación se acabará de definir en octubre y se activará en 2023, actualiza los aspectos clave del sistema fiscal internacional, que es centenario y no está adaptado a la economía globalizada y digitalizada del siglo XXI. Uno es garantizar que haya una distribución más justa de los beneficios y los derechos tributarios entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes, incluidas las digitales. Con el nuevo escenario se reasignarán algunos derechos tributarios sobre las multinacionales y se trasladarán de sus países de origen a los países de mercado en los que desempeñan sus actividades comerciales y obtienen beneficios, sin importar si tienen o no una presencia física en ellos. Se estima que cada año se reasignarán a jurisdicciones de mercado los derechos tributarios sobre más de 100.000 millones de dólares de beneficios.

El segundo pilar del acuerdo es el establecimiento de una base mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, mediante la puesta en marcha de una tasa mínima a nivel mundial del 15% que los países podrán utilizar para proteger sus bases impositivas. Desde la OCDE estiman que esta tasa mínima aportará cada año cerca de 150.000 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales a escala mundial. 

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, aseveró al respecto del acuerdo que, “después de años de trabajo y negociaciones intensas, este histórico paquete garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen el porcentaje justo de impuestos que les corresponde en todas partes”. El portavoz recalcó que “este paquete no elimina la competencia fiscal —algo que no debería hacer—, pero sí establece limitaciones a las multinacionales acordadas de manera multilateral. Por otra parte, consideró los diversos intereses de cada una de las partes negociadoras, incluidos los de economías pequeñas y jurisdicciones en desarrollo. Para todos será beneficioso que lleguemos a un acuerdo final entre el pleno de los miembros del Marco Inclusivo para finales de este año, según se ha previsto”.