El alcalde de Baltimore, Jack Young, anunció recientemente que la U.S. Conference of Mayors (UCSM) aprobó una resolución que reclama a los alcaldes que se nieguen a pagar a los atacantes de ransomware. 

La resolución afirma que “al menos 170 sistemas de gobierno de estados, condados o ciudades han sufrido secuestros de este tipo desde 2013”, 22 de los cuales se han producido en 2019.

Una de esas ciudades es la propia Baltimore, que quedó paralizada por culpa de un ataque del ransomware Robbinhood el 7 de mayo provocando más de un mes de caos y cortes en los servicios, que redujeron las ventas de propiedades inmobiliarias en la ciudad, costando 18 millones de dólares (cifra que siguió aumentando) en inversión de recuperación y pérdida de ingresos.

Baltimore solicitó fondos federales para desastres y el jefe de TI de la ciudad se disculpó públicamente por haber hecho un “mal trabajo” de comunicación tras el ataque.

El alcalde Young y expertos en TI afirman que todavía pasarán meses antes de que los sistemas de Baltimore vuelvan a funcionar con total normalidad.

En teoría, el desastre del ransomware de Baltimore podría haber sido menor si la ciudad hubiera pagado el rescate que exigía el hacker, unos 76,000 dólares en bitcoins, menos del 1% del coste final del ataque. Al menos otras dos ciudades afectadas por ransomware recientemente hicieron cálculos y decidieron pagar el rescate.