Finalmente, tras más de once años de planeación y ejecución de mecanismos de política pública de transición a la televisión digital terrestre (TDT) tuvo lugar el apagón definitivo de las señales analógicas en nuestro país. Al final de este proceso podemos identificar que su principal prioridad e incluso obsesión consistió en el cumplimiento de un plazo o fecha del apagón, más que alcanzar una adopción efectiva de equipos receptores o decodificadores de las nuevas señales entre la población.
Estamos frente a un programa de transición que tenía originalmente una fecha establecida de cumplimiento al 31 de diciembre de 2021, pero que fue adelantada al término del año pasado. Ello careció reiteradamente de análisis cabal de los requerimientos técnicos y tecnológicos, de la aritmética de recursos necesarios y de la heterogeneidad en la adopción de equipamiento de recepción entre hogares de las distintas regiones del país.
A partir de ello, las primeras evaluaciones de esta accidentada transición a la TDT nos revelan una afectación significativa de aproximadamente 18 millones de personas, casi 15% de la población total del país y una tercera parte de la que vive en pobreza, hoy privados de su principal medio de acceso a contenidos informativos, culturales, educativos y de entretenimiento.
En efecto y aun a pesar de que los esfuerzos de política pública para hacer llegar la señal de TDT a toda la población que consistieron en beneficiar, de acuerdo con las estadísticas de la SCT, a una de cada tres hogares de escasos recursos con la entrega de un televisor digital, quedaron fuera muchos otros pertenecientes a segmentos bajos de la población que incluso desconocen cómo hacerse del equipamiento necesario para recibir nuevamente la señal de televisión.
Si bien es cierto que de acuerdo con el IFT, al 31 de diciembre de 2015, 100% de las estaciones analógicas obligadas a transitar a la TDT concluyeron sus señales en este formato, alcanzando una cobertura poblacional de 105.9 millones de personas, no implica que 100% de la población tiene la capacidad efectiva de ver las señales digitales.
La experiencia de varios países que ya han concretado el proceso de transición a la TDT consistió en prorrogar el cese de las señales digitales hasta realizar una evaluación de cobertura y alcanzar una métrica de penetración de la TDT de al menos 90% de la población. Incluso, implementando nuevos mecanismos para que la población restante se hiciera de televisores receptores o decodificadores de señal, ya sea a través de la entrega o subsidio de estos.
Con la transición a la TDT, México se posiciona como el primer país en Latinoamérica que completa el proceso.
Sin embargo, queda pendiente que las autoridades encargadas de su ejecución evalúen la efectividad de la política de transición, así como se identifique puntualmente y atienda el porcentaje de hogares que resultaron afectados en la transición. Este caso representa una lección para los países próximos a transitar a la TDT en la región de Latinoamérica, países que cuentan con características socioeconómicas similares a las mexicanas. De manera que se lleven a cabo las mejores prácticas para alcanzar un uso más eficiente de los recursos económicos disponibles.
Con todo, la transición recién concluida representa un episodio importante de política pública enfocada en la actualización tecnológica, al pasar de las señales analógicas a las digitales.
Sin duda un logro muy importante sobre todo a la luz de la complejidad socioeconómica de nuestro país.
Esta como muchas otras lecciones de “buena” y “mala” política pública deberán ser puestas a la vista y evaluadas, para echar mano de ese acervo de experiencias en este sector en el que la única constante es el incesante cambio tecnológico que induce a una necesaria actualización regulatoria.
-Ernesto Piedras, The CIU
