Un tema reiterado al referir al sector de las telecomunicaciones en el país son los requerimientos e intensidad en el despliegue y uso de infraestructura de red intrínsecos. Entre sus características, el capital de infraestructura tiene elevados montos de inversión, bajos márgenes y lentos retornos de utilidad, así como largos periodos de maduración de sus unidades productivas.

Estas circunstancias se han traducido histórica e internacionalmente en barreras para el acceso y aprovechamiento de las telecomunicaciones en condiciones de competencia y libre concurrencia. Con ello, se limita que sus beneficios y efectos se extiendan a toda la sociedad y a todas las ramas económicas, en su dimensión como ‘capital indirectamente productivo’.

Una característica identificada en el país y en el sector de telecomunicaciones es el déficit de infraestructura de conectividad que impacta la cobertura y la calidad de sus servicios. Además, vistos en perspectiva, hay diferencias muy marcadas entre los estados de la República, sus localidades y municipios.

Al dimensionar la cobertura de la infraestructura de redes fijas de fibra óptica en el orden regional, estatal y municipal, se identifica que una proporción mayoritaria de la población mexicana (54.9%) apenas tiene acceso a la oferta de tan sólo un operador de telecomunicaciones. En franco contraste con aquellos municipios con mayor actividad económica y una mayor contribución al PIB nacional, en los que la oferta puede ascender a tres o más competidores.

Casi la totalidad de ese 54.9% es el mercado potencial exclusivamente atendido por el único operador con la mayor cobertura de redes de fibra óptica en el país, el preponderante (Telmex/Telnor). Indudablemente con efectos medibles en la competencia en precios al consumidor final, calidad del servicio e incentivos al desarrollo y extensión de infraestructura hacia el futuro.

Bajo este escenario competitivo, destacan los esfuerzos de política pública y regulatoria que buscan eliminar las barreras de entrada y operación a los competidores actuales o entrantes, así como dotar de cobertura a aquellas zonas aún desatendidas. Todo ello enfocado en materializar la promesa Constitucional de alcanzar la cobertura universal y transversal de las telecomunicaciones en México.

En este sentido, el proyecto de robustecimiento y utilización efectiva de la red de fibra óptica de la CFE, la segunda red con mayor cobertura en el país, se constituye como una de las rutas para cumplir con este cometido.

Otra de las acciones encaminadas a solventar las dificultades que enfrentan los operadores competidores para hacerse de su propia infraestructura consiste en la obligación aplicable al preponderante de desagregar su red local. En otras palabras, éste debe arrendar la infraestructura del último tramo de su red de fibra óptica a sus competidores en el mercado.

Estas dos vías basan su lógica en la generación de eficiencias por el aprovechamiento efectivo de la infraestructura desplegada, así como en la optimización en el ejercicio de recursos de capital. Pero más importante aún, pretenden alcanzar un escenario de competencia efectiva en igualdad de condiciones para la oferta de servicios.

Ante un escenario de cobertura de redes fijas de los competidores que no se aproxima ni remotamente a aquella que alcanza el preponderante, se debe dar reconocimiento a las intenciones de estas medidas y alcanzar su cumplimiento y ejecución efectiva, ya que ello resultará en el cumplimiento del mandato constitucional de democratización del servicio de Internet y la adopción universal de las TIC entre la población, con la realización de sus reiterados efectos directos e indirectos en el aparato productivo nacional y consecuentemente en el bienestar social de todos los mexicanos.

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El autor de este artículo, Ernesto Piedras, es Director General de The Competitive Intelligence Unit, epiedras@the-ciu.net