A un año de haber comenzado la pandemia debido al COVID-19, la vida de todos los mexicanos ha cambiado radicalmente, desde adaptarse al confinamiento, las nuevas normas sanitarias, el cierre de actividades presenciales, hasta adaptar los hábitos de consumo a la nueva normalidad.

Durante el año, las principales ciudades del país han sufrido diversos cierres preventivos de comercios y actividades recreativas. Esto ha obligado a que las personas prueben nuevas formas de adquirir bienes y servicios de consumo, ya sea a través de servicios de mensajería, apps de entrega; y por supuesto, compras vía internet.

De acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las ventas online en México crecieron el 81% en 2020, alcanzando un valor de 316 mil millones de pesos. Este aumento también se vio reflejado en el número de transacciones bancarias con tarjetas de crédito y débito, el problema que se originó fue que los delitos y fraudes financieros también fueron al alza.

A pesar de los esfuerzos por frenar estos delitos, los criminales se han vuelto más sofisticados, idean nuevas formas para robar datos, información y dinero a los miles de usuarios en México y el mundo. Dentro de estas nuevas técnicas, una que ha resultado muy eficaz debido a su naturaleza, es el llamado “fraude de identidad sintética”.

Este tipo de fraude se efectúa al crear identidades falsas, a través de la combinación de información real de uno o varios individuos (empleo, residencia, estados financieros, etcétera) con datos falsos, con el fin de acceder a algún bien o servicio que de otro modo podría no ser obtenido.

El peligro del fraude de identidad sintética yace en su dificultad para ser rastreado, ya que, en tiempo real, es difícil que una persona pueda identificar si alguien está usando alguno de sus datos o información, y por lo general se dan cuenta cuando se generan adeudos y se comienza con procesos de cobro o cuando se ve afectada la calificación crediticia.

Si bien, el robo de identidad sintética perjudica principalmente a los acreedores que, sin conocimiento, otorgan el crédito o el financiamiento a los estafadores. Las víctimas individuales se ven afectadas al obtener puntuaciones negativas en sus historiales crediticios, lo que les impide acceder a otros productos y servicios, además de que estos procesos aclaratorios pueden ser largos y tediosos.

Adicional a los peligros en la industria financiera y las transacciones bancarias, el fraude de identidad sintética también se puede efectuar en otras industrias como la minorista, la automotriz, el sector de telecomunicación e incluso reclamos de seguros o fraudes a través de redes sociales. Los defraudadores pueden utilizar las identidades creadas para adquirir todo tipo de bienes y servicios sin tener que pagar un solo peso por ellos.

Ante este panorama, como usuarios hay algunos hábitos que podemos adquirir para prevenir este tipo de fraude, como es tener cuidado con la información que publicamos en redes sociales o evitar compartir datos personales en encuestas o cuestionarios públicos. La realidad es que gran parte de la responsabilidad recae en las entidades financieras quienes tienen la tarea de detectar y frenar este tipo de fraude, lo cual resulta imposible sin las herramientas adecuadas.

En el caso concreto de FICO, firma en analítica predictiva y toma de decisiones, actualmente trabaja con las principales entidades financieras y burós de crédito en México para generar soluciones que no sólo ayuden a combatir los fraudes realizados, sino poder prevenir este tipo de delitos financieros. A través de la analítica predictiva y modelos de inteligencia artificial, esta emoresa puede dar seguimiento a las transacciones y hábitos de un usuario, y también es capaz de analizar los riesgos y validar cualquier error en los datos que se entregan al solicitar o aplicar para un crédito o algún servicio.

Gracias la tecnología de FICO se han logrado detectar solicitudes sospechosas en tiempo real y tomar decisiones que convengan a las instituciones, lo que se ha traducido en una reducción del fraude de hasta el 32%, beneficiando a los bancos y otros emisores de crédito con un importante ahorro de tiempo y sobre todo de dinero.