La reciente reforma al Código Penal del estado de Puebla que tipifica el ciberacoso como delito representa un avance en el reconocimiento de las violencias digitales. Sin embargo, Norberto Maldonado, experto en tecnología y analista de políticas públicas digitales, señala que, aunque necesaria, esta modificación legal es insuficiente si no se acompaña de una estrategia integral y con garantías claras para la libertad de expresión.

“Es positivo que el Congreso de Puebla reconozca el ciberacoso como una forma de violencia. Pero no basta con sancionar; necesitamos una respuesta más robusta, moderna y con enfoque en derechos digitales”, apunta Maldonado.

En medio de las preocupaciones expresadas por periodistas, académicos y ciudadanos que advierten que la ley podría abrir la puerta a la censura o criminalizar la crítica legítima en redes sociales, Maldonado señala: “es válido y necesario cuestionar cualquier reforma que pudiera vulnerar la libertad de expresión. Tipificar conductas digitales sin definiciones claras o sin parámetros técnicos actualizados puede derivar en interpretaciones amplias que afecten el ejercicio periodístico, la denuncia ciudadana o la libertad crítica.”

El especialista advierte que el ciberacoso debe ser combatido sin usar leyes ambiguas que permitan su uso político o el silenciamiento de voces incómodas. “Por ello es importante el llamado de la Presidente Claudia Sheinbaum sobre clarificar dicha ley, para evitar ambigüedades”; en complemento a ello y para proteger a la vez los derechos fundamentales, Maldonado recomienda que la legislación en Puebla y en todo el país deberían:

Contar con definiciones técnicas claras, alineadas a estándares internacionales de derechos digitales; incluir candados legales que garanticen que no se utilizará para perseguir disidencia, crítica política o expresión periodística; establecer mecanismos de revisión judicial y supervisión ciudadana sobre su aplicación; y promover la educación digital y mediática para que la sociedad distinga entre acoso, debate y libertad de expresión.

Maldonado reconoce que Puebla puede ser pionera en construir una legislación que proteja a las personas sin reprimir las ideas. “Pero eso sólo ocurrirá si se involucra a la sociedad civil, al periodismo y a expertos tecnológicos en la reglamentación y aplicación de esta ley.”

Por último, el especialista llamó a construir políticas públicas digitales que sean coherentes, equilibradas y con enfoque en derechos humanos, pues “en el entorno digital, proteger no debe significar silenciar.”