En un entorno donde la tecnología redefine diariamente nuestras interacciones personales y comerciales, México enfrenta el desafío de actualizar tanto sus herramientas tecnológicas, como sus marcos conceptuales y legales. En este contexto, Iván Díaz González, perito certificado por el Poder Judicial de la Federación y director general de AbogaInge, compartió los pilares que deben sostener la confianza en el entorno digital del país: la identidad digital y la profesionalización en la presentación de pruebas electrónicas.

Para el especialista en ciberseguridad y protección de datos personales, la identidad digital no es un concepto estático ni infalible, sino un conjunto de componentes válidos en un espacio de tiempo determinado. “Lejos de ser algo rígido, nuestra identidad está sujeta a variaciones cotidianas; factores tan simples como el uso de maquillaje, filtros de imagen, cambios físicos o el desgaste natural de las huellas dactilares en adultos mayores o trabajadores de ciertas industrias pueden alterar el reconocimiento biométrico. Comprender esta naturaleza dinámica es fundamental para diseñar políticas públicas y soluciones empresariales efectivas”.

Bajo esta premisa, agregó que la consolidación de una identidad digital plena debe entenderse tanto como un derecho humano que facilita el acceso a los beneficios del Estado, como una herramienta estratégica para el sector privado. Para los ciudadanos, contar con mecanismos oficiales robustos es una protección indispensable.

 Identidad digital en menores de edad

Abogado con amplia experiencia profesional en Derecho Digital, Díaz González dijo que la infancia se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad debido a que sus documentos de identificación tradicionales, como el acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP), carecen de elementos fotográficos y son fácilmente suplantables. Es por ello que herramientas como la Llave MX se vuelven cruciales para individualizar formalmente a los menores y protegerlos del robo de identidad. Por su parte, las empresas deben percibir la interconexión con las plataformas únicas de identidad como una inversión para reducir fraudes y simplificar sus cargas operativas, y no como una mera carga fiscal, impulsando de paso la regularización y la fiscalización en el país.

¿Y qué hay sobre el registro de líneas celulares?

Este debate sobre la identidad se entrelaza de forma directa con la actual normativa del registro de líneas telefónicas celulares en México, enfocado principalmente en el mercado de prepago. Si bien la intención de estas medidas busca mitigar la delincuencia, Díaz González advirtió que su impacto real podría ser mínimo debido a deficiencias técnicas y a la capacidad de adaptación de los criminales, quienes suelen recurrir a líneas internacionales o números robados.

En opinión del también CISO (Chief Information Security Officer) de un grupo empresarial, la principal crítica técnica radica en que el registro que se realiza actualmente en México se limita a la línea telefónica y olvida el dispositivo físico o IMEI. “Esta omisión equivale a registrar las placas de un vehículo sin registrar el automóvil, facilitando que los delincuentes intercambien tarjetas SIM entre distintos aparatos para evadir sus responsabilidades”.

Asimismo, el experto aclaró una confusión jurídica común: el robo de una tarjeta SIM no constituye una usurpación de identidad en términos estrictamente legales, sino el robo de un componente de la misma. Esta distinción es vital, ya que la falta de una vinculación técnica clara entre el usuario, el chip y el equipo genera serias lagunas sobre la responsabilidad jurídica de un delito, aseveró.

Frente a esto, una estrategia de seguridad ciudadana más efectiva comenzaría por fomentar prácticas sencillas como el uso de códigos PIN en las tarjetas SIM, a la par de combatir dinámicas de mercado nocivas como el desbloqueo ilegal de equipos, el cual promueve la apología del delito y daña la economía de las telecomunicaciones.

Cómo profesionalizar la presentación de pruebas digitales

La robustez de nuestro ecosistema digital se completa en los tribunales y, en este sentido, Iván Díaz González enfatizó la urgencia de que las empresas profesionalicen la presentación de evidencias en procesos laborales, mercantiles y civiles. El también consultor dijo que gracias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en México opera el principio de equivalencia funcional, el cual otorga la misma validez jurídica a los medios electrónicos que a los documentos físicos.

No obstante, para que un registro de asistencia, una transacción financiera o los datos de un sistema ERP o CRM tengan peso ante un juez, las organizaciones deben garantizar una gobernanza adecuada que demuestre la integridad y confiabilidad de la fuente original, ya que los testimonios verbales resultan insuficientes. “La verdadera defensa legal y la justicia moderna dependen hoy de la capacidad de presentar medios electrónicos plenamente verificables, tales como registros de sistema, datos de geolocalización o imágenes de videovigilancia”, finalizó.