Una propuesta de reforma al Artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor busca poner límites a la forma como las empresas comunican su desempeño ambiental. La iniciativa establece que cualquier término asociado con sustentabilidad en publicidad y promoción de productos y servicios debería justificarse con “evidencia científica, objetiva y fehaciente” evitando así el llamado greenwashing.
“Hasta ahora, muchas empresas comunican sostenibilidad como un ejercicio de marketing; bajo este marco legal, términos como ‘ecológico’, ‘verde’ o cualquier otra palabra que usen debería respaldarse con documentación técnica real. Esto es una oportunidad para que las empresas se pregunten si pueden comprobar su impacto ambiental, más allá de lo que suena bien”, explicó Ximena Cantú, ESG Officer de Energía Real.
Para sectores con operaciones intensivas en energía (como parques industriales, plantas automotrices, centros comerciales, hoteles, entre otros), este nuevo marco regulatorio plantea un reto directo, pues ya no basta con anunciar avances en sostenibilidad, necesitan demostrarlo.
Hasta ahora, el dictamen para la reforma anti-greenwashing al artículo 32 de la LFPC fue aprobado en comisiones senatoriales a mediados de 2025, pero no ha sido votado en el Pleno, desde donde debería ser enviada para su aprobación a la Cámara de Diputados.
El consumo energético
De acuerdo con la especialista, el consumo energético es uno de los indicadores ambientales auditables dentro de la operación de una empresa, precisamente porque no depende de estimaciones cualitativas. “La energía puede medirse, documentarse y verificarse con datos duros, lo cual frena el greenwashing”, explicó.
Esquemas como los contratos de compraventa de energía solar (PPA), el almacenamiento en baterías (BESS) y los Certificados de Energía Limpia (CELs) generan registros operativos concretos (volumen de energía limpia consumida, energía almacenada y gestionada, emisiones evitadas, seguimiento de consumo por sitio y por periodo) que permiten a una empresa sustentar sus declaraciones ambientales o sus Reportes ESG en lugar de apoyarlas sólo en el discurso. Además, la generación distribuida reduce de forma medible la electricidad comprada a la red, lo cual reduce emisiones de Alcance 2.
“Si la ley va a exigir evidencia científica detrás de cada término de sostenibilidad, la energía es uno de los ámbitos donde esa evidencia ya existe. Mediante las mediciones y el monitoreo preciso, las organizaciones pueden respaldar sus estrategias de sostenibilidad y demostrar el impacto de las estrategias ESG que implementan”, agregó Cantú.
Bajo su modelo de Energy as a Service (EaaS), Energía Real acompaña a empresas industriales, comerciales e inmobiliarias en la implementación de soluciones energéticas integrales, que van desde Generación Distribuida, Baterías de Almacenamiento de Energía (BESS) y Suministro Calificado, con monitoreo en tiempo real que documenta el origen y el impacto de la energía consumida.
Con un marco regulatorio cada vez más estricto en materia de comunicación ambiental, contar con este respaldo permite a las industrias mexicanas operar con tranquilidad legal y más allá del greenwashing.
