Los intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica registraron un incremento de hasta 90% durante 2026, de acuerdo con los datos de monitoreo de la unidad de investigación de SILIKN. El aumento representa una señal de alerta sobre la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales y pone en entredicho la efectividad de la estrategia del Gobierno federal para combatir estos delitos mediante el registro obligatorio de líneas celulares.

La medida impulsada por el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), que obliga a los usuarios a vincular sus números telefónicos con su Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial, fue presentada como una herramienta para reducir la extorsión y dificultar el anonimato de los delincuentes. Sin embargo, los resultados del monitoreo de SILIKN muestran un panorama preocupante: mientras millones de ciudadanos enfrentan nuevos trámites y la amenaza de suspensión de sus servicios, las comunicaciones fraudulentas continúan incrementándose.

El Gobierno controla las líneas, pero no consigue frenar las extorsiones.

El análisis de la unidad de investigación de SILIKN advirtió que los intentos de fraude y extorsión telefónica han aumentado hasta 90% durante 2026, particularmente en comunicaciones asociadas con números cuyas terminaciones se encuentran entre aquellas que han sido objeto de suspensión como parte del proceso de registro obligatorio.

Esta información corresponde al monitoreo de la unidad de investigación de SILIKN y no constituye una estadística oficial nacional. No obstante, representa un indicador relevante de la evolución de estas amenazas y de las limitaciones de una política pública que parece concentrarse más en identificar a los usuarios legítimos que en perseguir a quienes cometen los delitos.

El problema es que registrar una tarjeta SIM no significa identificar al verdadero responsable de una llamada. Los grupos criminales pueden recurrir a servicios de telefonía por internet (VoIP), sistemas automatizados de marcación, suplantación del identificador de llamadas (spoofing), identidades robadas y prestanombres para continuar con sus operaciones.

Incluso pueden presentar números telefónicos que aparentemente corresponden a líneas mexicanas, aunque las comunicaciones se originen desde infraestructura tecnológica ubicada en otros países.

En consecuencia, suspender una línea por incumplir el registro no garantiza que ese número deje de aparecer en las llamadas fraudulentas. Los delincuentes cuentan con mecanismos para manipular los identificadores telefónicos y evadir los controles administrativos.

Una política que impone obligaciones a los ciudadanos, pero deja abiertas las puertas a los delincuentes.

Para la unidad de investigación de SILIKN, uno de los aspectos más cuestionables de esta estrategia es la evidente asimetría entre las exigencias impuestas a la población y las capacidades de evasión de las organizaciones criminales.

Los ciudadanos deben entregar información personal, cumplir procedimientos y atender plazos bajo la amenaza de perder su servicio telefónico. Mientras tanto, los delincuentes pueden recurrir a infraestructura internacional, identidades comprometidas y tecnologías que no dependen necesariamente de una línea celular registrada en México.

La paradoja es todavía mayor: el propio registro obligatorio se ha convertido en un argumento para nuevas modalidades de fraude. Los delincuentes se hacen pasar por representantes de compañías telefónicas o autoridades y amenazan a los usuarios con suspender sus líneas si no proporcionan información personal o códigos de verificación recibidos por SMS.

Así, una iniciativa concebida para combatir las estafas también puede ser aprovechada por los estafadores para perfeccionar sus mecanismos de engaño.

Más datos personales concentrados y mayores riesgos para la población.

La vinculación de números telefónicos con CURP e identificaciones oficiales también plantea importantes riesgos de privacidad y protección de datos personales.

En un entorno donde las filtraciones de información, el robo de identidad y la comercialización ilegal de bases de datos representan amenazas constantes, la creación de nuevos repositorios de información sensible exige garantías de seguridad, auditorías independientes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

El antecedente del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), implementado en 2009 y posteriormente eliminado, debería servir como advertencia sobre los riesgos de concentrar información de millones de personas sin resolver adecuadamente sus vulnerabilidades.

Una eventual filtración de estos datos podría facilitar campañas de ingeniería social, fraudes financieros, suplantación de identidad y ataques dirigidos contra ciudadanos.

México necesita combatir a los extorsionadores, no solamente registrar teléfonos.

La unidad de investigación de SILIKN considera que la identificación de los titulares de líneas telefónicas puede ser un elemento auxiliar en determinadas investigaciones, pero no debe presentarse como una solución integral contra el fraude y la extorsión.

El país necesita fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías, profesionalizar a las policías cibernéticas, mejorar los mecanismos de denuncia, establecer sistemas de detección y bloqueo de llamadas maliciosas, rastrear infraestructura criminal y desmantelar las organizaciones responsables.

También resulta indispensable impulsar la cooperación entre autoridades, operadores de telecomunicaciones y empresas tecnológicas para detectar patrones de llamadas fraudulentas, combatir la suplantación de números y perseguir las operaciones financieras de los grupos criminales.

El Gobierno federal debe explicar con indicadores verificables cuántas extorsiones se han evitado, cuántas redes criminales se han desmantelado y cuántos responsables han sido detenidos como resultado del registro obligatorio de líneas celulares.

La seguridad no se construye acumulando CURP, identificaciones y números telefónicos. Se construye con instituciones capaces de prevenir, investigar y perseguir el delito.

El incremento de hasta 90% documentado por la unidad de investigación de SILIKN plantea una pregunta que las autoridades no pueden seguir evadiendo: ¿de qué sirve obligar a millones de mexicanos a entregar sus datos personales si las llamadas de fraude, estafa y extorsión continúan aumentando?

México no necesita más trámites ni políticas que generen una falsa sensación de seguridad. Necesita resultados, instituciones eficaces y una estrategia que ponga en el centro la protección de las personas, no el control administrativo de sus comunicaciones.

-Víctor Ruiz, fundador de SILIKN