¿Cómo afectan los delitos informáticos a las víctimas? ¿Qué dificultades tienen a la hora de denunciarlos? ¿Cómo ayudan los departamentos policiales a combatirlos? Estos son las grandes interrogantes que ha tratado de responder el primer gran estudio realizado por el Reino Unido sobre el estado de la ciberdelincuencia en el país y las herramientas de protección con las que cuenta.

La conclusión es reveladora: el informe recomienda cambios en todo el sistema para atender mejor a las necesidades de las víctimas y mejorar la protección a futuro.

Estos cambios incluyen la reforma a los sitios web que ofrecen apoyo, una mejor capacitación para el personal policial que trabaja con las víctimas y dedicar recursos más permanentes en la policía para afrontar el cibercrimen.

El estudio, que ha sido realizado por la Universidad de Portsmouth en colaboración con el Ministerio del Interior y la Inspección de Servicios de Policía y Bomberos, asegura en palabras de su máximo organizador, Mark Button, que muchos delitos no tienen un impacto tan malo como los que se producen en la vida física, pero que algunos, relacionados con el uso indebido o fraudulento de computadoras de usuarios son comparables al robo tradicional.

Entre estos se encuentran las amenazas intencionadas de malware, los ataques de denegación de servicio y el ransomware. En 2018, este tipo de ataques ocuparon el 9% del total en las islas. “Hemos hablado con víctimas que comparan estos ciberataques con agresiones físicas, algunas, incluso, han pensado en el suicidio como consecuencia directa. También hemos visto que muchas han pugnado por denunciar estos delitos”, señala Button.

Muchas de las dificultades para que salgan adelante este tipo de denuncias pasan porque hay una mala clasificación de este tipo de crímenes. Por ello, el estudio sugiere el monitoreo y la evaluación regular de estos procedimientos de clasificación.

Además, el documento pone en la mira a la organización Action Fraud y la califica de “barrera para algunos informes”. Por último, recomienda una revisión de la información de todos los sitios webs de las fuerzas policiales sobre este tipo de fraude para garantizar la coherencia de la denuncia de dichos delitos y poder capacitar mejor a los cuerpos policiales.