La firma de consultoría y análisis EY (otrora Ernst & Young) publicó los resultados de una encuesta que revela que tres de cada cinco directivos consultados planean incrementar su gasto en herramientas de análisis forense de datos en los próximos dos años.
Los ataques cibernéticos y las posibles amenazas internas por parte de empleados, son los riesgos que mayor efecto están teniendo en la decisión de aumentar el gasto en este tipo de iniciativas; no en vano, son las principales preocupaciones para el 62% de los consultados.
Muchas grandes compañías todavía no tienen un conocimiento global del valor que las herramientas de análisis forense de datos pueden aportar a su compañía, especialmente en cuanto a ahorro de costos y mejores niveles de eficiencia.
Al preguntarles su opinión sobre los principales beneficios del uso de estas herramientas, el 79% mencionaron “la capacidad para descubrir un fraude que antes no eran capaces de reconocer”, y un 78% “una detección del fraude más temprana.
Para Ricardo Noreña, socio responsable de servicios de investigación de fraude de EY, “la amenaza del cibercrimen es una realidad cotidiana de las compañías. Este tipo de riesgos requiere que tanto el consejo como la dirección de la compañía incorporen herramientas de análisis forense de datos a sus programas de cumplimiento y de gestión de riesgos”.
Agregó que esta tendencia es especialmente significativa, teniendo en cuenta el actual escenario regulatorio y la reacción de los mercados ante presuntos casos de fraude, soborno o cibercrimen en el seno de las empresas.
El informe indica que el interés en el análisis forense de datos está creciendo. Así, un 55% de los directivos consultados asegura que su inversión en este tipo de iniciativas es hoy suficiente.
De ellos, el 63% de los encuestados afirman estar dedicando, al menos, la mitad de su presupuesto en esta área a iniciativas de monitorización proactiva.
Sobre los aspectos que motivan el aumento de la inversión, un 53% apunta a “los crecientes riesgos de delitos informáticos”, y un 43% a “un mayor control sobre el panorama regulatorio”.