La privacidad digital acaba de sufrir un golpe devastador. En una decisión sin precedentes, la administración Trump ordenó a MEDICAID entregar datos personales de millones de ciudadanos al Departamento de Seguridad Nacional, convirtiendo información médica confidencial en herramientas de deportación masiva.

La dependencia federal entregó los datos requeridos, incluyendo información personal y estatus migratorio, poniendo en riesgo a los ciudadanos involucrados. Este es un primer ejemplo de que los datos privados en manos gubernamentales están en riesgo. Todas las leyes creadas para proteger datos personales, garantizar la transparencia y apoyar la rendición de cuentas debían ofrecer protección real.

Pero este proceso va más allá. La empresa Palantir desarrolló un software para análisis en tiempo real de patrones de comportamiento, detección de amenazas y prevención de fraudes en agencias gubernamentales. La empresa ha asegurado más de 113 millones de dólares en gastos federales, más un contrato de 795 millones con el Departamento de Defensa.

En migración y datos privados, Palantir firmó un contrato de 30 millones de dólares para desarrollar una plataforma que permita a los agentes migratorios (ICE) visibilidad en tiempo real sobre movimientos, antecedentes y actividad en redes sociales de migrantes. El tema es tan grave que 200 empleados de esta empresa firmaron en 2019 una petición protestando por el trabajo con esta agencia.

Las herramientas de Palantir permiten consolidar datos personales de manera masiva. Por ejemplo, integrar información de varias agencias gubernamentales como Hacienda, Seguridad Social y bases de datos migratorias, creando plataformas que analizan datos biográficos y biométricos en tiempo real. Esto significa que detalles de nuestra vida privada pueden ser recopilados y vinculados sin consentimiento explícito.

Si agregamos el uso de inteligencia artificial que detecta patrones de comportamiento, amenazas y propone decisiones automatizadas, tenemos lo que se ha llamado: deportación por algoritmo.

El problema de esta tecnología que usa herramientas de minería de datos sumadas a inteligencia artificial es que los datos generados pueden tener uso indebido, pero sobre todo la falta de control y regulación gubernamental. No sólo permite monitorear personas sin supervisión o rendición de cuentas, sino acceder a sus datos personales y privados, impactando las libertades civiles y derechos humanos.

Aunque esta situación sólo se hace pública en Estados Unidos, seguramente Palantir ha vendido sus servicios a otros gobiernos, lo cual es alarmante y debe llevarnos a reflexionar sobre regulación de datos, privacidad, pero sobre todo rendición de cuentas gubernamental.

Estados Unidos marca un precedente peligroso: la erosión sistemática de la privacidad en nombre de la seguridad nacional. México y el mundo deben actuar ahora, antes de que nuestros datos personales se conviertan en armas de control social. La vigilancia algorítmica no conoce fronteras.

El autor de la columna Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Threads @horus72.