La atención y prevención de los ciberdelitos en esta época de cuarentena no se están afrontando de una manera articulada entre autoridades federales, estatales, iniciativa privada y sociedad civil, alertaron expertos en una mesa de análisis sobre ciberseguridad convocada por la unión de asociaciones civiles Causa en Común.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que en lugar de sumar al sector privado y a la sociedad civil para atender el cibercrimen, se les excluye en búsqueda de soluciones.

“No bastan los esfuerzos aislados, urge contar con un sistema nacional, dinámico y verdaderamente eficiente que coordine la prevención de este fenómeno delictivo y que facilite la procuración e impartición de justicia tanto en el ámbito municipal, estatal y federal, como en el plano internacional”, indicó Morera en la mesa que llevó por nombre “Efectos secundarios de la crisis por el Covid19: cibercrimen”.

Puntualizó que, más que casos aislados, se requieren mecanismos que permitan coordinar a los principales actores para combatir este fenómeno criminal en el marco de esta pandemia que vive México y el mundo, pero, sobre todo, se requiere de inversión en equipo y capacitación en las personas encargadas de combatir estos delitos.

Pornografía infantil aumentó más del 70% durante confinamiento

Por su parte, Radamés Hernández Alemán, director del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, comentó que durante el mes de marzo y hasta el 15 de abril, la pornografía infantil aumentó un 73%

El funcionario comentó que entre los principales cibercrímenes están los llamados a saquear tiendas de autoservicio o de conveniencia, supuestas ventas de vehículos por parte del gobierno o fraudes relacionados con programas de gobierno, como el regalar tarjetas a las que se les tenía que cargar 300 pesos. “La situación de la pandemia sobre Covid-19 ha generado que la ciberdelincuencia dedique más tiempo a la actividad criminal mediante el uso de las tecnologías”, indicó Hernández.

En su participación, Luis Fernando García, Director Ejecutivo de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), refirió que en esta coyuntura por el Covid-19, donde hay más personas conectadas en sus casas y que pueden ser más propensas a ser víctimas de delitos cibernéticos, el Estado tiene más que nunca la obligación “de producir más políticas de ciberseguridad, siempre con un enfoque de respeto a los derechos humanos”.

En este mismo sentido se pronunció Andrés Velázquez, presidente y fundador de MaTTica, al considerar que hace falta mucha educación cibernética, ya que existe “analfabetismo digital”. Sugirió que el Estado involucre más a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos digitales y a la iniciativa privada “para crear una verdadera estrategia nacional de ciberseguridad, y marcos jurídicos más sólidos”.

Más ‘fake news’ y acoso en línea

Marco Antonio del Toral Morales, Abogado Analista y Punto Focal del área de Lavado de Dinero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que otros delitos cibernéticos que se han incrementado con el confinamiento son la generación de las llamadas ‘fake news’, los mercados negros cibernéticos, el acoso en redes sociales y videojuegos, así como los sitios web falsos, por lo que hizo un llamado especial a los padres a cuidar a los niños y niñas durante su periodo de navegación en línea por medio de controles parentales.

Por último, Morera pidió que la ciberseguridad y su investigación respete la privacidad, asegure el acceso a los derechos digitales y la información fidedigna y que el gobierno promueva campañas masivas de información para que las personas conozcan las formas de protegerse ante la vulnerabilidad digital.