De acuerdo con Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación de Nextel, la modificación a las leyes secundarias es la oportunidad para garantizar la competencia en el sector de las telecomunicaciones, con el fin de ofrecer a los mexicanos más y mejores servicios y atraer mayores inversiones para el país, en el marco del Congreso Retos y oportunidades en el Mercado de las Telecomunicaciones en México, Globalcom 2013.

Destacó que para Nextel hay aspectos que deben precisarse en las leyes secundarias desde la perspectiva de la competencia y la certidumbre jurídica, entre los que destaca:

1. El derecho a la prórroga de las concesiones. Mantener el derecho de los concesionarios a la prórroga de sus concesiones y permisos ayudará a dar certidumbre jurídica a los inversionistas y propiciar que las inversiones necesarias se mantengan hasta el final de la vigencia de una concesión. Deberán establecerse plazos y mecanismos específicos.

2. Que el IFETEL establezca las condiciones y términos de  las contraprestaciones a pagar al gobierno federal por la prestación de los servicios de telecomunicaciones. La Reforma Constitucional lo faculta para determinar las contraprestaciones para el otorgamiento de concesiones y autorización de servicios adicionales, resultaría óptimo que también determinará contraprestaciones que sustituyan los derechos por uso de espectro y aprovechamientos vigentes. Con ello habría un esquema integral en el que la determinación de cánones no respondería a fines exclusivamente recaudatorios.

3. Terminación y revocación de concesiones y permisos. Ya que la Reforma Constitucional elimina la posibilidad de que los jueces otorguen suspensión en los procedimientos que se siguen en materia de telecomunicaciones, resulta crítico que las causales de revocación de una concesión sean claras y suficientemente graves.  De lo contrario debe proceder la revocación únicamente por causas reiteradas y previa imposición de sanción pecuniaria.

4. Facilidades para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. La instalación de infraestructura se ha convertido en un verdadero problema a nivel local, deben establecerse requisitos homologados desde el nivel federal que faciliten y simplifiquen la instalación de infraestructura a nivel estatal y municipal.

5. Red pública compartida. Con el fin de garantizar equidad entre el operador mayorista de la red pública compartida y los concesionarios, será necesario un esquema en el que dicho agente sea declarado dominante, que el precio de los servicios que ofrezca esté orientado a costos y que tenga las mismas cargas tributarias que el resto de los operadores por el uso del espectro. El objetivo es garantizar que no se dé una competencia desleal.

Lo anterior, permitirá sentar las bases para mejorar condiciones de competencia, impulsar las telecomunicaciones y mitigar el litigio.

“Consideramos que debe profundizarse el espíritu de competencia que amina a la Reforma Constitucional, sería preocupante que el nuevo marco regulatorio, diera pasos en sentido contrario a la consolidación de mejores condiciones de competencia que todos esperamos”, concluyó Ruiz de Velasco.