En un escenario de recuperación económica postpandemia, marcado por el auge del nearshoring, las nuevas tendencias en el estilo de vida y la transformación de los modelos laborales, la industria inmobiliaria mexicana se enfrenta al reto de seguir fortaleciendo las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero.

“Vemos una recuperación del sector inmobiliario a razón de nuevos proyectos en todo el país. Por eso es importante que los empresarios del ramo sigan cumpliendo en tiempo y forma con los lineamientos de la Ley Antilavado”, dijo Octavio Máynez, director general de BeCloud, empresa desarrolladora de Prevenet, software en la nube especializado en el cumplimiento de la Ley Antilavado.

La firma de investigación Informes de Expertos, prevé que el mercado inmobiliario tenga una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8% entre 2024 y 2032, para topar en USD$52,26 mil millones, desde los USD$34,27 mil millones reflejados en 2023. Por su parte, Mordor Intelligence indica que este 2024 el valor del segmento residencial ronda los 14,51 mil millones de dólares, pero que llegará a los 17,78 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,14% durante el quinquenio.

En este contexto, un estudio de 4S Real Estate advierte que las propiedades residenciales del segmento económico presentarán este 2024 un aumento de 28% anual en comparación con el 2023, mientras que los inmuebles premium plus casi duplicarían su valor, con un alza de 46% anual.

“Si bien la recuperación del sector es un signo positivo, también implica la necesidad de reforzar las medidas de prevención de lavado de dinero, pues se ha visto que los desarrollos residenciales, comerciales, industriales y de oficinas están entre los más vulnerables a ese delito, añadió Máynez.

En México, el lavado de dinero podría superar los USD$50,000 millones al año, siendo la construcción, el desarrollo inmobiliario, la intermediación y la compraventa de bienes inmuebles una de las 16 actividades vulnerables al blanqueo de capitales.

La incidencia del delito está aparejada al alto valor de los activos y a la oportunidad que ven los delincuentes en las fallas o desconocimiento de la Ley Antilavado.

Máynez recordó que la prevención del lavado de dinero es una tarea de todos, al tiempo que recordó las tres obligaciones básicas que impone la Ley Antilavado para quienes ofrecen servicios de construcción, desarrollo, intermediación o comercialización de bienes inmuebles.

“Hay que identificar a los clientes y usuarios; presentar avisos a la UIF, por conducto del SAT cuando las operaciones realizadas superen los umbrales establecidos por la ley; y custodiar y resguardar la documentación relativa a la realización de las actividades/operaciones”, agregó.

El número de avisos emitidos a la autoridad fiscal por parte de los empresarios del sector de enero a agosto de 2023 sumaron 6,844; un total de 2,214 menos que en todo 2022. En 2021 se recibieron 9,822.

El uso de tecnología y software antilavado, como Prevenet, puede ser una herramienta efectiva para fortalecer las capacidades de prevención y detección en el sector de construcción e inmobiliario. Estas soluciones tecnológicas permiten realizar análisis de riesgos, monitoreo de transacciones y generación de alertas, lo que facilita la identificación temprana de actividades sospechosas y el cumplimiento de las regulaciones vigentes.