Todos conocemos TikTok, esta red social de videos que han invadido el mundo. Según los datos de Tower Sensor Data, son 3,000 millones de personas las que utilizan esta red social propiedad de ByteDance, empresa china que se encuentra en el centro del debate en estos días.

El problema es que los gobiernos tanto de Taiwán, Canadá, Pakistan, Irán y Afganistán ya han censurado a la plataforma de videos. El 15 de marzo pasado, la Comunidad Europea también prohibió a sus funcionarios tener instalada la aplicación, sobre todo si tienen cuentas de Skype. Pero lo que más ha llamado la atención es que políticos estadounidenses de ambos partidos se pusieron de acuerdo en algo: prohibir TikTok.

La desconfianza de los datos compartidos en esta aplicación no podemos decir que esté infundada. Los expertos afirman que tiene serias vulnerabilidades y que compartir datos a través de ella los puede llevar a los servidores chinos y potencialmente extraer información sensible para la toma decisiones.

Aunque tal prohibición no afecta al usuario común y corriente –porque está dirigida a funcionarios gubernamentales– sí implica varios aspectos que me gustaría destacar:

El primero es que se trata de una medida política, forma parte de una guerra por los datos que está ocurriendo en todo el mundo, pero en especial se pretende aislar a China sobre un gran mercado que ésta busca conquistar.

Me pregunto: ¿por qué sólo se enfocan en TikTok y se olvidan de WhatsApp? Muchos funcionarios gubernamentales ya utilizan este sistema de mensajería para organizar juntas, tomar decisiones y compartir archivos. ¿Acaso no es lo mismo compartir los archivos y conversaciones en WhatsApp que en TikTok? ¿O acaso están más seguros por WhatsApp, que es de Facebook y está basada en Estados Unidos?

El segundo punto que llama mi atención es que no hay países latinoamericanos interesados en cuidar sus datos. En efecto, no existe algo similar en Brasil, Perú, Bolivia, Argentina o México; al parecer la batalla está en el norte del continente. Este desinterés es preocupante no sólo porque nosotros también producimos y compartimos datos, sino porque los chinos están igual de interesados en influir las elecciones de Estados Unidos que las de países latinos para tener control de sus mercados.

Finalmente, el caso de México en esta lucha por la soberanía de los datos es decepcionante. No sólo por el desinterés que muestra el gobierno en este tema, sino por la importancia que tienen las redes sociales al interior de la administración pública. El uso de Facebook, Instagram, X y por supuesto WhatsApp en la burocracia es alarmante. La manera tan abierta en que se comparten datos sensibles (presupuestos, bases de datos, nombres, folios, cuentas) sin ninguna restricción preocupa a todos. Las filtraciones de datos que han ocurrido recientemente –el robo de datos de periodistas en la Presidencia de la República, el robo de datos de funcionarios de Declaranet hace un par de años– indican que son resultado de esta ingeniería social donde se puede encontrar cualquier información del gobierno mexicano –a nivel federal, estatal o municipal– a tan sólo un par de clics.

Esperemos que exista una filtración mayor durante las campañas electorales para que los candidatos y el gobierno pongan atención a un tema tan relevante como la soberanía de los datos gubernamentales y el uso de las plataformas de redes sociales en la Administración Pública Federal.

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El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Threads @horus72.