La inseguridad está presente en nuestra conversación cotidiana con familia, amigos y colegas de trabajo. A diario escuchamos frases de organismos internacionales que sustentan que Latinoamérica “es la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra” o que “uno de cada tres homicidios que ocurren en el mundo se registra en América Latina y el Caribe”. 

Sin ir muy lejos México, que actualmente es uno de los países con mayor índice de violencia e impunidad en el continente americano, registra más de 15 mil homicidios dolosos en el primer semestre del 2019, según el oficial Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); 4.4% más respecto al mismo periodo de 2018.

Todos por igual, sin importar país o ciudad, nos sentimos afectados por las experiencias y relatos que exponen el grado de inseguridad, criminalidad y violencia que se vive en las calles, y de la cual muy seguramente hemos sido víctimas en mayor o menor grado, directa o indirectamente.

Así, nos encontramos hoy ante un círculo vicioso en donde la inseguridad impacta en la actividad económica, lo que conlleva a menores oportunidades de crecimiento y generación de empleo, reproduciendo sin fin el ciclo de pobreza que es uno de los impulsores de la delincuencia. Como ciudadanos, el crimen impone un costo adicional en nuestras vidas, afectando en la salud, en la productividad, en nuestra capacidad de inversión (de esfuerzo, de ahorros) y nuestro nivel de consumo, al entrar en una dinámica de supervivencia. En este escenario, el crimen organizado toma ventajas para fortalecerse y mantener el poder de ciertos territorios.

Mejores oportunidades de desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un estudio reciente sobre el costo que tiene la inseguridad en Latinoamérica, confirmó que la violencia y el crimen le cuestan a la región de América Latina y el Caribe hasta US$261.000 millones, monto que evidentemente es retirado del presupuesto designado a apoyar rubros claves como educación o combate a la pobreza. Además, el mismo BID destaca que, paradójicamente, se gasta más del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad en comparación a países desarrollados con tasas más bajas de criminalidad. Mientras que Estados Unidos invierte 2.75%, Francia 1.87% y Alemania 1.34% para combatir la inseguridad, en la región latinoamericana se destina hasta 3.55%. México, por su parte, solo invierte el 0.96% de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Organismos como el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, afirman que las altas tasas de criminalidad y violencia en Latinoamérica están afectando el crecimiento y amenazando el bienestar humano, impidiendo el desarrollo social y económico de estos países. Con este panorama, parece ambicioso y casi utópico pensar en América Latina y en específico en México, como un sitio con “ciudades inteligentes” con características de sostenibilidad, con servicios que aumenten la calidad de vida de sus habitantes y sumando sistemas convergentes basados en TIC^[ para asegurar el orden ¿Cómo evolucionar hacia una ciudad inteligente si la atención se concentra en frenar el desarrollo de una ciudad insegura? La respuesta inescapable es que, el primer enfoque de una ciudad inteligente o aquella que pretenda serlo, debe poner la inteligencia al servicio de la seguridad de sus ciudadanos.

La función de la seguridad pública ha evolucionado. Hoy la dinámica en las ciudades se ha vuelto más compleja; la información es inmediata, las fronteras se han acortado y el crimen organizado y narcotráfico cuenta con un nivel de sofisticación mayor.

La tecnología, sin duda, juega un papel muy importante. En 2018, un estudio^[ realizado por Lucía Dammert, analista e investigadora internacional en seguridad, analizó la situación de múltiples instituciones de seguridad pública de la región latinoamericana y reconoció aquellas que han desarrollado un proceso serio de adquisición de tecnología, en donde las estrategias de trabajo policial basadas en evidencia, son aquellas que efectivamente pueden prevenir y controlar el delito con mejores resultados.

En el estudio se perciben diversos factores que aportan a una mejora en materia de seguridad pública, pero llaman la atención tres relativos a la tecnología: una constante y efectiva formación policial, misma que debe considerar edad apropiada y un facilidad para adaptarse al desarrollo tecnológico; la inversión en sistemas de información que permitan determinar con exactitud los delitos y con ello la acción a realizar y por último, las TICs, como las mejores aliadas para empoderar y mejorar la gestión policial, aumentar la responsabilidad de los cuerpos del orden y luchar contra la corrupción.

Las ciudades inteligentes buscan priorizar el uso de las TICs para la seguridad. Para ello, quienes tienen el rol de proteger a la ciudadanía (fuerzas de seguridad pública y emergencias), deben contar con soluciones tecnológicas inteligentes que les permitan tomar decisiones efectivas en tiempo real en medio de una emergencia y, más aún, anticiparse a situaciones que amenacen su seguridad, para prevenirlas.

El objetivo es evolucionar de un paradigma reactivo a un modelo proactivo, con información convertida en inteligencia, a través de la integración de sistemas, tecnologías y datos inconexos, para que los organismos de seguridad pública puedan contar con mayores y mejores capacidades de toma de decisión informada.

Un factor determinante para el éxito de los gobiernos y administraciones locales, que buscan convertir a sus localidades en ciudades inteligentes exitosas y económicamente pujantes, es la medida en que la inteligencia y el poder de las TIC se pongan al servicio de la seguridad de sus ciudadanos, sus recursos y sus activos.

– Ivan Kraljevic, experto en ciudades seguras, Motorola Solutions