Este miércoles será discutida en la Cámara de Diputados la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor en Materia de Remuneración Compensatoria por Concepto de Copia Privada” presentada por el Diputado Sergio Mayer del Grupo Parlamentario de Morena, que pretende gravar dispositivos y soportes de almacenamiento, reproducción y duplicación de contenidos audiovisuales al suponer que quienes utilizan dispositivos con capacidad de almacenamiento, como smartphones, tablets, pantallas o incluso las consolas de juegos, realizan una copia privada de sus contenidos disponibles en Internet.

De acuerdo con la opinión del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), se trata de un enfoque pensado para otro momento del desarrollo tecnológico, décadas han transcurrido, la tecnología ha evolucionado y los consumidores han migrado su consumo de contenidos audiovisuales, de los CDs y DVDs por ejemplo, a formatos digitales como son la copia digital y el streaming.

Si bien hoy, los dispositivos tecnológicos como los smartphones y las tabletas permiten el almacenamiento, duplicación y distribución de copias privadas, esto no significa que en la realidad los consumidores realicen copias en perjuicio de sus creadores.

“La Iniciativa se presenta en un momento en el que la adopción de la tecnología y la conectividad son esenciales para el desarrollo y la recuperación económica del país y pretende instalar un cargo extraordinario que hoy no sería más que un obstáculo para el bienestar de la nación. Asimismo, se basa en legislaciones de países con condiciones socioeconómicas sustancialmente diferentes a las nuestras y que en muchas ocasiones ya reconocen este mecanismo como ineficaz y anacrónico”, destacó la IDET.

Los dispositivos de acceso a la conectividad han reducido la incidencia de generación de copias privadas, pues permiten el acceso a más contenidos de manera legal, al habilitar su consumo por la vía del streaming. La compensación por copia privada desincentiva el acceso y uso de dispositivos tecnológicos, así como obstaculiza la adopción de la conectividad en la población con menor poder adquisitivo, al erigirse como barrera a la entrada de la población más vulnerable a la economía digital.

De acuerdo con los montos del canon propuestos en la Iniciativa de Ley, México se posicionaría como uno de los países con el monto más alto aplicado en smartphones entre principales países del mundo, a pesar del menor poder adquisitivo de su población. De hecho, México tendría un gravamen superior a países como Francia y Alemania.

Sin duda alguna, el alto canon propuesto en México para smartphones impactaría negativamente la adopción de la conectividad para la población actualmente desconectada, mima que ha padecido la crisis sanitaria y económica actual con más profundidad.

Con la imposición de este encarecimiento artificial al equipamiento de telecomunicaciones, el precio de estos productos incrementaría y eso tendría un efecto directo en la población. No se trata de un monto que hoy pueda considerarse que ya está incluido en el precio final de los productos.

En ningún país en el que se ha implementado este canon ha sido cubierto o absorbido por los fabricantes o distribuidores. Por lo que su aplicación se traduciría en un incremento en el precio por la adquisición de los productos sujetos al gravamen.

Según estimaciones elaboradas por el IDET, los consumidores en México tendrán que pagar, en su conjunto, entre $4,187 y $6,205 millones de pesos anuales más por el sobreprecio generado por el canon por la adquisición de smartphones y computadoras.

El IDET consideró que en el contexto de la crisis sanitaria y económica actuales, así como el panorama de lenta recuperación, que combinado con la creciente necesidad de inclusión de todos los mexicanos a la vida y economía digital, no solo resulta inviable, sino también poco aconsejable que se imponga un canon que encarecerá la conectividad, que es regresivo y que atenta contra el derecho de acceso a la conectividad de millones de mexicanos que aún no cuentan con acceso efectivo a dispositivos y consecuentemente al servicio en el país. No debe pasarse por alto que de acuerdo con información difundida por el IFT la semana pasada, en México hubo una contracción en el número de líneas móviles durante los primeros seis meses de 2020.

Además, el agregado de las potenciales afectaciones por la imposición del canon por copia privada mermaría el bienestar de los consumidores, especialmente aquellos de menor ingreso, atentaría contra el desarrollo y frenaría aún más la recuperación económica de México. Al mismo tiempo, contraviene el mandato constitucional de acceso universal a las TIC al profundizar, por la vía económica, la brecha de adopción de la conectividad.

Es por ello que el IDET instó a que el Congreso de la Unión reconsidere la Iniciativa que potencialmente generaría graves daños sociales, marcadas distorsiones en la apropiación y consumo de la conectividad y fuertes afectaciones a la población con menores ingresos.