En el 2020, los habitantes de Polonia cuando llegaban a casa debían enviar un mensaje de texto con una fotografía para indicarle a su gobierno que cumplían con el confinamiento impuesto para detener la pandemia COVID-19. Las computadoras gubernamentales recibían el mensaje y lo validaban con la señal GPS del teléfono para confirmar la ubicación del ciudadano.

En Ciudad de México, en noviembre del 2020 se impuso la norma de registrar la ubicación personal usando códigos QR en restaurantes y centros comerciales abiertos, para “avisar” en caso de que las personas que asistían a ellos estaban contagiadas. Una medida menos dura que en Polonia, que igual vigila la ubicación de los ciudadanos.

La vigilancia masiva ha sido el sueño de los gobiernos para controlar sus sociedades: la pandemia fue la excusa perfecta. Con el objetivo de controlar la propagación del SARS-COV2, los cierres masivos en muchos países del mundo obligaron a desarrollar tecnologías que permitieran su monitoreo.

Los teléfonos celulares ofrecen la oportunidad de mantener el control social. Al aparecer en distintas redes celulares que se comunican por antenas terrestres, estos equipos permiten determinar si existen aglomeraciones de personas por la cantidad de celulares en un punto, o bien, determinar la ubicación de las personas con gran precisión.

¿Qué consecuencias tiene la existencia de la vigilancia masiva a través de la tecnología?

Identifico tres consecuencias importantes. La primera, es que viola la intimidad y privacidad de las personas, pues le brinda al gobierno la capacidad de observarnos donde quiera que estemos a cualquier hora del día. En una nación que respeta el estado de derecho, esto no sería problema, ya que la información es clasificada. Pero en las naciones donde se viola la ley o con regímenes autoritarios que utilizan esta información con fines políticos para arrestar adversarios o neutralizar la disidencia, se convierten en armas políticas formidables.

La segunda consecuencia es precisamente el vacío legal donde ocurre la vigilancia masiva. Desconozco si en el caso de Polonia se hizo alguna regulación para limitar el uso de la tecnología de vigilancia y los datos que se procesaron para mantener la intimidad de los polacos. Pero en el caso de México, no hubo regulación alguna que protegiera los datos de ubicación de las personas generados por el código QR, que pudieran penalizar su abuso por parte de las autoridades con fines políticos o de extorsión.

Este vacío legal es preocupante porque una vez que pase la emergencia, la posibilidad de contar con dichos datos sin ningún contrapeso, podría ser un problema de seguridad y de abuso de autoridad.

La tercera consecuencia es que la vigilancia masiva también aporta datos a las empresas privadas. Las grandes telefónicas tienen tratos comerciales con empresas de publicidad y de venta minorista, porque pueden ubicar potenciales clientes, sobre todo conocer sus hábitos de consumo, horarios y movimientos personales, sin que exista ninguna limitante ética o legal para usar dicha información.

La vigilancia masiva tiene el potencial de convertirse en una herramienta para controlar las sociedades, limitar sus libertades –de asociación, de expresión y de circulación– tanto que nos impida actuar con la libertad que gozamos ahora.

Sobre todo si combinación los datos que genere la vigilancia masiva a través de bodegas de datos –Big Data– con las herramientas de Inteligencia Artificial que permitan identificar patrones, aprender movimientos de grupos de personas e individuos, para venderles bienes, servicios y candidatos.

Por ello es fundamental limitar la vigilancia masiva a través de leyes y reglamentos que garanticen el buen uso de los datos, se destruyan o protejan adecuadamente y no puedan ser compartidos a otras empresas u agencias gubernamentales, más que las expresamente definidas por la ley. En este sentido, es necesario limitar el uso de estos datos en situaciones de emergencia –como la pandemia– donde se pueden utilizar para generar acciones inmediatas.

Esperemos que la vigilancia masiva se convierta en un activo más de los gobiernos que nos ayude a resolver problemas, y no sea una herramienta política para obligar o manipular a los demás.

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El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Twitter @horus72.