Hace más de veinte años se publicó la ley de transparencia y acceso a la información, comenzando una nueva etapa: la era del Gobierno Abierto. Sin embargo, desde esa fecha muy poco se ha logrado para abrir los datos gubernamentales, la información del gobierno y las decisiones. Hay gran cantidad de ejemplos que demuestran esta realidad, desde las desapariciones de personas –las muertas de Juárez, Atenco, los 43 estudiantes de Ayotzinapa– hasta los datos de personas fallecidas e infectadas por COVID-19 durante la epidemia, y recientemente el informe de la consultora holandesa DNV por el desplome de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, son muestras de opacidad gubernamental, oscurantismo y falta de apertura de datos.

¿Por qué no se ha alcanzado la aspiración del gobierno abierto? ¿Cuáles son las estrategias que se han implementado para obstaculizarlo? En esta entrega me concentraré en describir estas estrategias y prácticas, en la siguiente entrega propondré algunas soluciones.

Para empezar identifico cinco estrategias que han obstaculizado prácticas de gobierno abierto.

La primera estrategia es promover una cultura burocrática de que los datos gubernamentales son propiedad de quienes los crean, administran y guardan. La mayoría de estos administradores públicos tiene una formación burocrática del siglo pasado, basada en rutinas, procesos, lealtades y méritos. Ello sólo se consigue a través de ser únicos dueños de la información gubernamental. Este patrimonialismo de los datos es lo más difícil de cambiar. Cuando los administradores públicos entiendan que los datos no son suyos, sino propiedad de la nación, podremos avanzar en el gobierno abierto.

Una segunda estrategia es que la burocracia de los datos decide hacer más complejos los procesos para abrir los datos. Usando como pretexto los datos abiertos y el gobierno abierto para crear más formatos, más trámites y procedimientos con la excusa de “cuidar” la información y los datos “sensibles” para que no sean expuestos.

Esta complejidad de trámites impide a los ciudadanos acceder a los datos gubernamentales, pero también los va enterrando en el olvido y el desuso. Esta estrategia pretende disuadir y neutralizar a quienes busquen datos gubernamentales, pero al mismo tiempo pretende mostrar que existe voluntad para abrir los datos al crear un nuevo formato, un sitio web o un procedimiento “más rápido” para obtener los datos, sólo que a través de un entramado de procedimientos, legalismos y obstáculos para llegar a ellos.

Una tercera estrategia es el reciclar el discurso de gobierno abierto y datos abiertos. A pesar de los avances en otras naciones sobre la apertura gubernamental como las nuevas prácticas de datos colaborativos, fideicomisos de datos, las tres olas de datos abiertos, el discurso sigue siendo el mismo: transparencia proactiva, transparencia pasiva, datos abiertos, datos públicos, transparencia social, etc. Dando vueltas y vueltas a los conceptos, para confundir y distraer del objetivo central del gobierno abierto: reducir la corrupción y alentar una rendición de cuentas efectiva de los funcionarios gubernamentales a partir de los datos.

El propósito de esta estrategia es controlar la narrativa del gobierno abierto. Saturando el espacio público de ideas contradictorias, conceptos fuera de contexto y debates redundantes para distraer a los ciudadanos sobre el incumplimiento de la misión del gobierno abierto.

Una cuarta estrategia es fortalecer la inercia gubernamental mediante un débil estado derecho. Las prácticas de gobierno abierto cambian los flujos de trabajo y tareas en la administración pública, obligando a los burócratas a clasificar y publicar datos frecuentemente; estas acciones rompen la tradicional inercia de gestión de la información, generando duplicidad de funciones y disminuyendo la calidad y oportunidad de los datos para la toma decisiones.

En este sentido, el gobierno abierto y sus pilares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana alteran los flujos tradicionales de información, por ello es normal que se prefiera mantener la inercia tradicional de gestión de datos; lo cual se favorece con un marco legal desactualizado, limitando las acciones para gestionar datos abiertos. “No puedo abrir estos datos, por que no lo permite la ley”

En los gobiernos donde el estado de derecho es débil, consecuente y discrecional, será fácil detener o neutralizar cualquier esfuerzo para implementar prácticas de gobierno abierto.

Es evidente que si los funcionarios públicos, políticos y administradores públicos saben que no serán sancionados por violar leyes de acceso a la información, apertura de datos o datos personales, podrán actuar discrecionalmente, favorecer la publicación de cierta información u ocultarla para que puedan beneficiarse políticamente. Actualmente no existen leyes que protejan a los ciudadanos de los abusos que sufren sus datos personales en las bases de datos en los gobiernos municipales, estatales o federales, que pueden ocultar, vender o distribuir bases de datos confidenciales sin castigo.

La quinta estrategia es rediseñar los silos de información gubernamental. Una de las mejores prácticas que propone el gobierno abierto es romper los silos de datos. Estas “bodegas” independientes, que no se comparten información, son autónomas y en la mayoría de los casos patrimonio de una o dos personas encargadas de actualizar la información. Esta dispersion de la información se consideraba un obstáculo para la transparencia y rendición de cuentas. El objetivo era romper con los silos de datos y publicar la información de la manera más simple.

No obstante, la burocracia de los datos ha rediseñado los silos y en lugar de tener varios ha optado por uno solo; centralizando así la información, lo que permite mayor control y decidir a discreción qué información hacer pública y cuál no. Un silo rediseñado con otro nombre, pero con el mismo propósito. Cuando no se necesitan los silos, simplemente se liberan los datos gubernamentales en los sitios web ya existentes.

Estas cinco estrategias han impedido la operación de prácticas de gobierno abierto en la administración pública. Seguramente habrá otras, pero estas son fundamentales porque están vinculadas con otras acciones como la falta de participación ciudadana, la censura, la ausencia de tecnología, la falta de interoperabilidad en los sistemas gubernamentales, etc. Sirvan identificar estas primeras estrategias para reflexionar sobre el tema y proponer soluciones antes que sea demasiado tarde.

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El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Twitter @horus72.