México se enfrenta a una crisis silenciosa: mientras legisladores de la Ciudad de México aprueban una reforma tibia sobre celulares en escuelas, millones de adolescentes pasan casi ocho horas diarias pegados a pantallas. No es una coincidencia que otros países —Francia, Australia, Inglaterra— hayan entendido algo que nuestro gobierno aún ignora: proteger a la infancia exige decisiones difíciles, no compromisos blandos.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley de Educación local para regular el uso de teléfonos inteligentes en las aulas de educación básica. No prohíbe el uso, sino que lo deja al criterio de las autoridades educativas para permitir un “aprendizaje digital responsable”. Es una ley que llega demasiado tarde. Cuando en Querétaro y Guanajuato ya están vigentes y normando no solamente la educación básica sino hasta la educación media básica. En Francia también existen restricciones al uso de celulares en escuelas, mientras que en Reino Unido continua el debate limitar el acceso de menores a redes sociales. Australia, por su parte, ya implementó restricciones al acceso a redes sociales para menores de 16 años.

Parece que los legisladores evitan intervenir en la infancia cuando el daño de esta tecnología se ha  demostrado científicamente. La falta de una ley robusta y, sobre todo, de una política pública integral que proteja a la infancia y la educación, permitirá que esto crezca sin freno. Aunque el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lometi, ha mencionado que los jóvenes mayores de 16 años en el país pasan en promedio siete horas con 32 minutos al día conectados a internet —casi una hora más que el promedio mundial de seis horas con 38 minutos, y casi una jornada laboral completa— a pesar de ser conscientes de la gravedad del problema, se aprueba una reforma legal tímida, generalista y confusa, en lugar de enviar al Congreso de la Unión una reforma de fondo y de carácter federal.

Esta miopía gubernamental está creando millones de individuos con dependencia digital cuya recuperación mental podría ser irreversible de no adoptarse medidas urgentes. Por otro lado, el problema no solo se limita a aprobar las leyes sino a hacerlas cumplir. ¿Cuántos maestros, directores, padres de familia serán sancionados por permitir que sus hijos usen teléfonos celulares? La falta de sanciones y de políticas educativas y de capacitación tanto a docentes, autoridades educativas, pero más que nada a los padres de familia, impedirán que dichas leyes tengan un impacto real.

Sin una implementación seria, nos enfrentamos a un grave problema en el corto plazo: falta de profesionales y trabajadores para competir en un mercado laboral altamente especializado que exige pensamiento crítico, creatividad y razonamiento profundo. Mientras tanto, personas de otros países —India, China, Europa— sí están desarrollando estas capacidades y competirán por esos trabajos. El tiempo nos dará la respuesta.

El gobierno presume de una ley ambigua mientras la generación que heredará el país se convierte en consumidora pasiva de algoritmos. No hay tiempo para reformas tímidas. México necesita ahora lo que otros países ya entienden: regulación real, aplicada sin excusas, antes de que sea el daño sea irreversible.

El autor de la columna TecnoGob, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Threads @horus72.