Aunque en sus orígenes las acciones “hacktivistas” tenían por objeto llamar la atención de la sociedad sobre ciertos temas de interés político-social, hoy en día los grupos dedicados al hacktivismo hacen mucho más que “sentarse virtualmente” sobre algún servidor gubernamental o privado: ejecutan ataques de negación de servicios (DDoS), tiran páginas web y, más importante aún, filtran información sensible de agencias gubernamentales en todo el mundo.
De hecho, la alianza entre dos conocidos grupos hacktivistas, LulzSec y Anonymous, tiene como meta dar a conocer información clasificada o bases de datos con documentación sensible y de alto nivel. Si trasladamos esto a un ambiente no virtual, es como cuando los activistas ecológicos dejan de realizar sus plantones frente a los laboratorios de pruebas de cosméticos e irrumpen por la fuerza a dicho laboratorio, sustraen fórmulas y datos clasificados y posteriormente los divulgan.
Tal vez la razón de fondo sea correcta. Tal vez tengan razón y comprueben que detrás de la cara pública de una organización hay secretos turbios que afectan a toda la sociedad. Pero la irrupción en propiedad ajena y el robo de información, ya sea física o virtualmente, es un delito.
Siendo realistas, la filosofía del “libre acceso a la información del dominio público” que utiliza Assange para divulgar datos sensibles vía Wikileaks, no considera los derechos de autor ni la propiedad que las instituciones tienen sobre la información filtrada. Aunque cabe reconocer que Assange y su equipo cuidan mucho de limpiar los documentos que divulgan para evitar exponer a personas inocentes.
Sin embargo, no es justificable la batalla cibernética de algunos hacktivistas que han irrumpido en sitios de internet tan diversos como el de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Senado de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Public Brodcasting Company (PBS) y compañías como Citigroup, Sony Playstation, Lockheed Martin, Nintendo y la Fox, entre otras. Tampoco es válido que, en aras de pronunciarse en contra de los gobiernos, los hackers entren a sus sitios y roben direcciones y datos personales de clientes y empleados. Esto va más allá de un plantón virtual y es una acción muy alejada de los primeros movimientos hacktivistas documentados en la década de los noventa.
Si bien algunos ataques tienen un objetivo claro, como el que dio a conocer más de 400 MB de documentos para desenmascarar el movimiento racista y xenófobo de la frontera México-Estados Unidos, pareciera que la mayoría de las irrupciones es motivada por una competencia entre los grupos. Así lo demuestra el hecho de que enfundados en la etiqueta de hacktivistas, los hackers –que suelen trabajar en el anonimato– salgan del clóset y se jacten públicamente de sus incursiones. Ahí radica la diferencia entre una amenaza y una agresión directa.
Aunque la fama conlleva un costo, que en este caso implica la persecución por parte de las autoridades, y por ello, al cierre de esta edición, se rumoraba que el grupo LulzSec anunciaría su disolución.
No es para menos. Los gobiernos en todo el mundo están aprobando medidas más enérgicas para castigar a quienes pongan en riesgo la seguridad o estabilidad nacional por sustraer y difundir información sensible y confidencial. Así, un atacante podría pasar hasta 20 años en prisión.
Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, a pronunciarse a favor o en contra, pero cuando esa manifestación implica la comisión de un delito, se convierte en agresión y conlleva una consecuencia. No se puede lanzar una guerra cibernética contra los gobiernos de todo el mundo sin esperar una represalia.
