Para reducir los riesgos de corrupción asociados al abastecimiento público durante la emergencia del COVID-19, CAF, banco de desarrollo de América Latina, publicó el estudio Tecnología para la integridad en tiempos de COVID-19, que muestra cómo las nuevas soluciones digitales, acompañadas de una política de datos abiertos, podrían no sólo cambiar el frente de batalla de la lucha contra el coronavirus, sino también dar un salto cualitativo en la adopción de políticas de integridad. 

“Los riesgos de corrupción suelen incrementarse en tiempos de crisis. Pero si las nuevas tecnologías se complementan con el análisis de los datos para el monitoreo de la pandemia, lograríamos reducir los riesgos. Los datos abiertos son esenciales para una gestión óptima de la crisis sanitaria y los programas de emergencia”, afirma Carlos Santiso, Director de Innovación Digital del Estado del CAF.

El estudio plantea tres ámbitos en que el abastecimiento de bienes y servicios puede blindarse contra la corrupción durante la crisis del COVID-19:

1. Rendición de cuentas orientada a resultados

Se trata de garantizar el destino de recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales, así como los resultados de ese gasto en materia de contención del virus. Existen aplicativos en código abierto como el OpenRBF, que controlan los resultados y el desempeño en el sector de salud, educación y gobierno.

Al combinar aplicativos de georreferenciación sobre el progreso de la pandemia (como los desarrollados por Singapur, Nueva Zelanda y España), con el esquema de transparencia presupuestal del OpenRBF se lograría una superposición permanente entre los mapas de abastecimiento para la atención de la pandemia y los resultados para frenarla.

2. Publicidad de la contratación directa de emergencia

La publicidad en la contratación no sólo permite mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Las contrataciones abiertas ayudan a que los gobiernos logren satisfacer sus demandas bajo procedimientos de emergencia.

3. Digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos

Un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales es el Acuerdo Marco de Precios (AMP), esto es, un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, para la entrega bajo condiciones especiales de precio y suministro de ciertos bienes o servicios. La digitalización de este procedimiento a través de audiencias virtuales, adjudicación electrónica e incluso sanción por incumplimiento atendiendo a medios electrónicos, genera más transparencia y rapidez para el suministro de bienes de características uniformes necesarios para la emergencia

Una oportunidad única para reducir la corrupción en América Latina

La crisis generada por el COVID-19 también ofrece una oportunidad para que América Latina adopte políticas de integridad que reduzcan la corrupción en el corto, medio y largo plazo. Y para lograrlo será imprescindible el uso de datos y tecnologías digitales, según otro estudio de CAF publicado recientemente.

“La transparencia no debería pasar al segundo plano durante la crisis; todo lo contrario. Es clave que los gobiernos de América Latina integren el uso de datos y de las nuevas tecnologías en sus procesos de contratación pública y logren con ello mitigar los riesgos de corrupción y atender de manera oportuna la emergencia de la pandemia global”, asevera Santiso.

Esta segunda publicación realiza un inventario de varias iniciativas que utilizan la analítica de datos y el machine learning para alertar a las autoridades sobre los riesgos de corrupción, integrando así un enfoque de acción proactivo, basado en la prevención y detección temprana de posibles crímenes. Estas tecnologías, además, incrementan la efectividad de las investigaciones judiciales o administrativas e innovan frente programas y políticas anticorrupción que se basan en medidas ya probadas como campañas informativas, capacitaciones de personal o auditorias tradicionales. 

El éxito y la sostenibilidad de este enfoque requiere que los países implementen una agenda pública y transversal ambiciosa que se centre en asegurar la calidad de los datos, suministrar la infraestructura para su almacenamiento e invertir en el poder de procesamiento de la información, así como de coordinación entre organismos judiciales y administrativos.

De acuerdo con este estudio, el poder de disuasión de los gobiernos, en la era de los datos, no está en su capacidad de sancionar, sino en su potencial para anticiparse y prevenir la corrupción.