Hace unos días tuve que hacer el pago de tenencia de un auto. Me sorprendió encontrar que lo podía hacer por Internet. Así que me di a la tarea de capturar los datos, subir la documentación, pero al final… algo fallaba. Pensé que el error era mío, así que volví a la captura por segunda vez, pero… el error regresaba y me impedía concluir el trámite. Así que le pedí a un amigo mío experto en trámites que hiciera éste; él capturó la información y le apareció el mismo error. No podía concluir el tramite en línea. “Imposible”, me dije.

Así que acudí a la agencia de autos, donde amablemente se ofrecieron a hacer el trámite a través de un gestor, a cambio de un pago. El gestor electrónico tuvo listo el trámite en menos de quince minutos. El sabía todos los trucos, no se había equivocado como dos ciudadanos normales y pudo concluir el trámite.

Suponíamos que la tecnología terminaría con la corrupción. Hoy puedo decir con tristeza que la tecnología facilita y aumenta la corrupción.

Los trámites que hacíamos en persona ahora son en línea: pagos de impuestos, multas, obtener identificación fiscal, obtener citas para trámites y servicios, quejas, licencias, etc. En muchos trámites es posible que nuestro “conocimiento tecnológico” sea tan limitado que no podamos concluir el trámite y tengamos que buscar un “intermediario” al cual pagarle un sobre precio para obtener el servicio, esto es lo que llamo: corrupción digital.

En muchos estudios internacionales reportan que México es uno de los países con gran avance de e-gobierno, basan sus mediciones en el número de tramites y servicios digitalizados. El problema es que esta “digitalización” es ficticia, porque aparecen en directorios en línea que muestran los requisitos y horarios para completarlos, pero no es posible empezar o concluir el trámite en línea sin necesidad de acudir a las oficinas. Muchos de estos trámites requiere un “intermediario” que permita la corrupción digital.

Las leyes que regulan las transacciones en línea facilitan y promueven la corrupción digital. Al tener grandes lagunas legales, vacíos de interpretación, pero sobre todo falta de actualización –muchas de estas leyes tienen diez o más años de antigüedad– cuando la tecnología avanza a gran velocidad, esto hace que se dupliquen los problemas y las ausencias permitiendo el aumento de la corrupción digital.

¿Hay alguna manera de reducir la corrupción digital? Sin duda, un paso trascendental es reducir la corrupción en su conjunto; esto requiere leyes estrictas y un estado de derecho que castigue con cárcel o medidas administrativas (como la inhabilitación) para impedir que aumente la corrupción.

En el ámbito tecnológico una de las tecnologías más eficaces ha sido el uso de blockchain. Esta tecnología descentralizada suele ser muy útil para facilitar los tramites gubernamentales, pagos en línea, garantizar el anonimato y la privacidad de los datos personales de los ciudadanos. Sin embargo, se ha desestimado su utilidad porque se le ha asociado sólo como la tecnología de las criptomonedas, restándole importancia a muchas de sus características más importantes.

En suma, para reducir la corrupción digital necesitamos actualizar leyes que regulen las transacciones gubernamentales, forzar a los gobiernos para que utilicen tecnologías como blockchain para eliminar a los “intermediarios digitales” y exigir mediciones internacionales sobre e-gobierno más rigurosas y menos manipulables que demuestren los avances y retrocesos en este campo.

______________________

El autor de la columna “Tecnogob”, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Twitter @horus72.