La semana pasada, durante una de las conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se estaba trabajando en una iniciativa para desaparecer a órganos autónomos. Entre las entidades que se piensan eliminar se encuentran el INAI, COFECE, la CNDH y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En el caso específico de la temática de esta columna, se pretende que el IFT sea absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo cual sería a todas luces un claro retroceso en la especialización regulatoria que se ha logrado desde 2014, pues la SCT es la encargada de ejecutar la política pública, mientras que el IFT es el encargado de regular los mercados y la competencia en el sector.

El efecto que una acción de esta naturaleza tendría en el mediano y largo plazo sería negativo en mercados que hoy en día son fundamentales y que inclusive han cobrado una mayor relevancia ante la pandemia por la cual estamos cursando.

Además, la eliminación del IFT sería violatoria de la Constitución Mexicana y representa una clara señal de centralización del poder y de las decisiones regulatorias de los mercados, algo que a nivel internacional no sería bien visto y que además vulneraría el cumplimiento de ciertas obligaciones internacionales de México, tales como el T-MEC. Éste estipula la obligación del aseguramiento de mercados competitivos, a través de un ente totalmente independiente de la administración pública que regule de manera correcta y eficaz los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión.

Por si fuera poco, el año pasado, como parte de la reestructuración del gobierno federal, se eliminó la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, de SCT, dependencia cuya encomienda principal era impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión a lo largo del territorio nacional, así como la búsqueda de estrategias para reducir la brecha digital en el país, promoviendo programas para el acceso a Internet y desarrollo de habilidades para la población más vulnerable.

A mi parecer, al Presidente no se le ha informado bien sobre los beneficios para el país de contar con estos órganos. El gobierno deberá valorar el retroceso que la eliminación de estos organismos representaría, pues más allá de un posible ahorro de recursos en el corto plazo, implicaría grandes pérdidas en el bienestar de los consumidores y se regresaría a condiciones de mercados extremadamente concentrados de los cuales a lo mejor hoy ya no nos acordamos.

Aunque los resultados de las medidas de preponderancia en el mercado no se hayan visto reflejados en términos de desconcentración de mercado, sin duda el IFT representa un organismo necesario y un contrapeso para la salvaguarda de los derechos de los usuarios. En los últimos siete años la penetración de servicios ha aumentado de manera importante y los precios de los servicios han disminuido considerablemente, sin embargo, aún existe mucha población desconectada que en plena pandemia ven limitadas sus oportunidades de introducirse al mundo digital con las múltiples ventajas que ello implica.

___________________________

El autor de este artículo, Gonzalo Rojón, es analista de The Competitive Intelligence Unit, www.theciu.com/