Una vez más, y ya van cuatro ocasiones, el Gobierno estadounidense, a través del Departamento de Justicia, prorrogó el veto a la compañía asiática.

Ahora una corte federal con sede en Brooklyn, Nueva York, acusó de conspiración a Huawei Technologies Co. Ltd. (Huawei), “el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo” (sic), y a dos filiales estadounidenses por violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influyentes de Racketeer (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, conocida como RICO).

La acusación de reemplazo por 16 cargos también agrega el cargo de conspiración por “robar secretos comerciales derivados de la supuesta práctica de la compañía con sede en China de usar el fraude y el engaño para apropiarse indebidamente de tecnología sofisticada de contrapartes estadounidenses”.

Hace ya casi un año, gracias a las presiones de Google, Huawei consiguió una exención en cuanto al veto que le imponía el Gobierno estadounidense. Desde entonces, estas prórrogas se han ido sucediendo cada aproximadamente tres meses.

Ese veto se impuso en plena guerra comercial entre el gobierno de Estados Unidos y la compañía asiática, pero desde su anuncio no ha entrado prácticamente en vigor.

Aunque a simple vista el ‘falso veto’ no ha tenido mucha repercusión en Huawei, sí ha servido para que la empresa china tomara la decisión de iniciar un camino separado de las compañías estadounidenses.

Por parte de Huawei, sostienen que estas decisiones del gobierno americano perjudican más a Estados Unidos que a la compañía asiática, quien está preparada para todo lo que pueda venir, al tiempo que continúan exigiendo al gobierno de ese país que les elimine de la â€œEntity List”.

La postura de Huawei

“Esta nueva acusación es parte de los intentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de dañar la reputación de Huawei y sus negocios por razones relacionadas más a temas de competencia y no al cumplimiento de la ley. Estos nuevos cargos no tienen mérito alguno y se basan en su mayoría en el reciclaje de disputas civiles de los últimos 20 años, las cuales han sido resueltas previamente, litigadas y en algunos casos, rechazadas por los jueces federales y jurados. Estos cargos no prevalecerán ante el gobierno, los cuales demostraremos son injustos y sin fundamento alguno”, manifestó la compañía china en un comunicado enviado a esta redacción.