La iniciativa de extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la implementación de un modelo en el que sus atribuciones quedarían en manos del Ejecutivo Federal podría resultar en una regresión institucional que colocaría al sector no sólo antes de la Reforma Constitucional de 2013, sino antes de 1996, época en la que prevalecía una estructura de mercado de monopolio privado y sin un órgano con atribuciones para regular la competencia en el mercado de telecomunicaciones en México.

El Rol del Regulador Sectorial. Como en el principio de los tiempos de la privatización, previo a 1996, no existía ninguna autoridad sectorial.

La creación por decreto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en un acto simple en agosto de 1996, respondió a la necesidad de abrir los mercados y regular el sector, aunque careció en su origen de un reglamento y atribuciones sancionatorias.

Casi dos décadas después, se identificó la necesidad de contar con un órgano con facultades incrementales y autonomía para transitar hacia una estructura de competencia efectiva, reducir las barreras a la entrada y erradicar las prácticas anticompetitivas en los mercados.

El carácter convergente que ganó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como resultado de la evolución de la COFETEL, ha permitido, como apunta el propio organismo en su más reciente posicionamiento, no sólo la reducción de precios de 32.1% en los servicios de telecomunicaciones en los últimos 11 años, sino también una expansión en la disponibilidad y accesibilidad de la conectividad que hace que 81.2% de la población sea usuaria de internet.

Asimismo, la administración más eficiente y transparente del espectro radioeléctrico ha hecho que hoy contemos con redes de 5G y la promoción de las inversiones en infraestructura de redes se ha traducido en que la mayoría de las conexiones de banda ancha fija superen velocidades de 50 Mbps.

Si bien el camino hacia la competencia efectiva sectorial requiere de una mejora continua de los marcos regulatorios y normativos actuales, se reconoce que el camino a seguir debe ser la preservación de facultades fundamentales hasta ahora otorgadas al IFT.

¿Cuál Debería Ser el Modelo Institucional? Ante la inminente simplificación orgánica, el modelo institucional a seguir debe conservar cinco facultades esenciales.

En primer lugar, la autonomía en las decisiones, agnósticas al vaivén y las decisiones políticas. Dos, la promoción de la competencia efectiva con mecanismos de regulación asimétrica temporales hasta alcanzar la tan esquiva competencia efectiva y que aseguren su eficacia, ante la persistente y excesiva concentración de América Móvil en diversos mercados. Tres, el otorgamiento de concesiones y licencias del espectro bajo los principios de transparencia y eficiencia. Cuatro, la implementación de sanciones en el caso de la comisión de prácticas anticompetitivas en los mercados de telecomunicaciones. Y cinco, la supervisión del eficiente desarrollo sectorial.

La transición institucional sin la conservación de estas facultades podría resultar en una regresión a una estructura monopólica, menores alternativas y mayores precios de las telecomunicaciones para los consumidores, menores incentivos al ejercicio de inversiones en infraestructura y consecuentemente, una obsolescencia tecnológica en la provisión de los servicios.

Hoy más que nunca, se debe a toda costa, preservar la especialización y autonomía de la autoridad regulatoria para atender necesidades sectoriales específicas y combatir las distorsiones en los mercados. No nos podemos dar el lujo de dar marcha atrás tres décadas del avance hasta ahora obtenido por la dupla primero por la COFETEL y más recientemente por el IFT, en este sector estratégico y esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Ernesto Piedras