La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) hizo un llamado sobre la propuesta de regulación en el uso de la nube para empresas fintech mexicanas dedicadas a pagos electrónicos, liderada por el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Banxico y la CNBV buscan emitir una regulación que podría impactar negativamente en la adopción del cómputo en la nube en México, pues crearía un piso disparejo en el que los proveedores de servicios en la nube (CSP) con sede en Estados Unidos tendrían una clara desventaja con respecto a los proveedores locales. Esta regulación también brindaría menos oportunidades de negocio para empresas estadounidenses y mexicanas que operan en México.

“Desde la ALAI resaltamos el efecto nocivo que el lenguaje establecido en dicho anteproyecto, tendría sobre los emprendedores Fintech en México respecto al uso del cómputo en la nube, compartimos, asimismo, la opinión que tienen de ello los senadores Will Hurd, Vicente González, Henry Cuellar y Michael T. McCaul en su carta enviada al Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, y al Secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, sobre este tema”, señaló Sissi de la Peña, gerente regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la ALAI.

ALAI señaló que los artículos que suscitan especial preocupación en el anteproyecto son los 50 y 49:

• El artículo 50 impondría la obligación de residencia de datos o de un esquema multiproveedor a las Instituciones Financieras de Pago Electrónico (IFPE) que utilizan servicios de computación en la nube. 
• El artículo 49 establecería un modelo de autorización con un alto grado de discrecionalidad y falta de transparencia para el uso de servicios de cómputo en la nube. Modelo que prevalece en el actual marco regulatorio mexicano y se ha convertido en el principal obstáculo a la adopción de tecnología de nube en el país.

Dichos requisitos van en contra del espíritu y la letra de los capítulos de comercio digital y servicios financieros del T-MEC, ya que socavan a los proveedores de servicios financieros de Estados Unidos que ya enfrentan procesos de aprobación inciertos de la CNBV o del Banco de México para el uso de servicios de cómputo en la nube. 

“En otras palabras, los requerimientos de residencia de datos parten de mitos acerca de la existencia de riesgos asociados a los servicios de nube. El lenguaje en el anteproyecto es desafortunado, pues replica estos mitos, ya que la protección y seguridad de los datos de los usuarios, así como la recuperación ante desastres, no dependen del lugar donde se almacenen geográficamente los datos, sino de los sistemas y prácticas de seguridad y planes de contingencia implementados. Los mejores mecanismos de protección, detección, respuesta y recuperación ante eventos de seguridad o de interrupción de servicios, se basan en la modernización y automatización. No hay otra tecnología que pueda hacer eso como el cómputo en la nube”, explicó De la Peña.

La economía digital, que tiene su fundamento en el cómputo en la nube, puede dar lugar a nuevos modelos comerciales (tal como lo hace en el sector Fintech), pero esto se ve  limitado cuando se generan distorsiones regulatorias a las actividades, como es el caso del presente anteproyecto. Al establecer a las empresas restricciones para el libre flujo de datos y de la solución tecnológica que mejor les convenga, se ven socavados los principios fundamentales de una economía digital próspera. 

Así como los congresistas de Estados Unidos de Norteamérica, ALAI encomendó al Banco de México y la CNBV, a revisar el anteproyecto para eliminar cualquier requisito de localización de datos o esquemas multiproveedor, y para mejorar la transparencia y la coherencia en los procesos administrativos, de forma que sea consistente con el T-MEC. 

“La inclusión de disposiciones sobre comercio digital en el T-MEC es un logro que tiene la capacidad de ofrecer resultados reales para las empresas y trabajadores y sirve como un modelo para futuros acuerdos comerciales”, señalaron los senadores. 

“El T-MEC es un acuerdo histórico que abre nuevas oportunidades para aumentar el flujo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. En especial, las nuevas disposiciones de los capítulos de servicios financieros y comercio digital del T-MEC son dos de los pilares más importantes del acuerdo”, agregó De la Peña.

Es crucial la revisión de la propuesta y la regulación en el sector financiero mexicano, en el entendido de que el capítulo de comercio digital, el primero de su tipo, ayuda a proteger a los trabajadores y empresas, al prohibir cualquier requisito que exija la localización de datos. En tanto, el capítulo de servicios financieros, incluye compromisos para liberar los mercados de servicios financieros y facilitar el comercio transfronterizo así como la igualdad de condiciones entre países, instituciones financieras e inversiones. Con este capítulo, se combate el trato discriminatorio y se proporciona mayor certeza. 

“En resumen, las disposiciones incluidas en ambos capítulos del T-MEC garantizan que los datos puedan fluir y beneficiar a empresas y trabajadores en los tres países, lo cual no sucedería con el anteproyecto regulatorio propuesto por la CNBV y el Banco de México. El T-MEC crea un clima seguro y favorable para los negocios entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que finalmente promueve la expansión comercial y oportunidades de altos salarios y mejores condiciones de vida”, concluyó De la Peña.