La reciente iniciativa de Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, presentada en la Cámara de Diputados, marca un renovado parteaguas en la regulación del sector de telecomunicaciones en México, o al menos ese es su objetivo.

Esta busca reformular las bases de la competencia económica en el país, al modificar la estructura institucional que supervisa los mercados, las atribuciones en torno al régimen de regulación asimétrica de preponderancia y el esquema sancionatorio.

¿Es este un avance hacia una mayor eficacia de la regulación de la competencia y consecuente balance del terreno de juego entre agentes económicos? Es la pregunta que surge, con la expectativa de que sea una respuesta afirmativa ante los cambios propuestos.

Nueva Configuración Institucional. En primer lugar, amerita resaltar que se concentrarían las facultades regulatorias de la competencia en todos los mercados, incluyendo telecomunicaciones y radiodifusión entre muchos otros en una sola autoridad, al crear la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico.

Con ello, se busca no sólo agilizar los plazos de investigación y determinación de mecanismos regulatorios y dotar de certeza jurídica a los jugadores del mercado, sino también alcanzar una mayor eficacia en el combate a las prácticas monopólicas, evitar trámites complejos y eliminar ‘dobles ventanillas’.

Adicionalmente, la creación de la Fiscalía Antimonopolio con autonomía técnica en su gestión y funcionamiento sustituirá a la actual Autoridad Investigadora y buscará agilizar los procesos de investigación y resolución. En el caso de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, contará hasta un máximo de 480 días, 120 menos que el periodo actual, para concluir con el proceso de investigaciones. También queda por verse.

Régimen Sancionatorio Disuasorio. La propuesta incluye un nuevo esquema de sanciones con multas más elevadas que pretenden disuadir la comisión de prácticas anticompetitivas, así como se aplicarán no sólo al agente económico que incurrió en la infracción, sino al grupo de empresas directamente involucradas y quién(es) coadyuven en su ejecución.

En el caso de los Agentes Económicos Preponderantes de Telecomunicaciones (América Móvil), así como de Radiodifusión (Grupo Televisa), se contempla la posibilidad de sancionar el incumplimiento de las medidas y obligaciones de regulación asimétrica, sin determinar aún montos ni sanciones aplicables.

Asimismo, la nueva Agencia para la Competencia se apoyará de la ATDT o, en su caso, de un auditor externo, experto e independiente, para llevar a cabo la supervisión y verificación del cumplimiento.

Este régimen sancionador más severo puede fomentar la autorregulación, al desincentivar efectivamente la comisión de prácticas monopólicas y el incumplimiento de la regulación asimétrica.

¿Continuidad de la Regulación Asimétrica de Preponderancia? Si bien la iniciativa contempla la continuidad de este régimen de balance competitivo entre los agentes económicos en los sectores de Radiodifusión y Telecomunicaciones, es momento de repensar si los criterios de determinación actuales, usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico o capacidad utilizada de sus redes, son suficientes o los adecuados para alcanzar los objetivos propuestos de alcanzar la competencia efectiva.

Hoy, es cada vez más notorio y creciente el desproporcionado peso económico que tiene, por ejemplo, el actual preponderante en telecomunicaciones, América Móvil, frente a sus competidores en términos de ingresos y márgenes de ganancias, por lo que debería contemplarse la posibilidad de determinar la preponderancia basada en estos criterios o repensar nuevos o adicionales.

¿Aplicaría lo mismo para Radiodifusión? Sin duda correspondería revisar los criterios de determinación como en el caso de las telecomunicaciones.

La iniciativa de Ley plantea cambios que podrían redefinir el panorama de la competencia en México. Si bien algunas propuestas apuntan a fortalecer la promoción de la competencia efectiva y la sanción de prácticas anticompetitivas, su impacto dependerá de la determinación, supervisión y aplicación efectiva del nuevo régimen de regulación asimétrica de preponderancia.

Ernesto Piedras – The CIU