El Segundo Informe de Gobierno ha dejado de ser un evento de pleitesía caudillista, para convertirse en un sano ejercicio de rendición de cuentas con la ciudadanía. En su dimensión cuantitativa respecto al Sector de las Telecomunicaciones, el informe reporta la numeralia relativa a la inversión, factor esencial para el desarrollo sectorial, pero sobre todo para el cumplimiento de los objetivos derivados de la Reforma Constitucional del año pasado en términos de cobertura, calidad y democratización de los servicios.
Por el lado de la inversión pública, se reporta un ejercicio de $1,529.5 millones de pesos en la primera mitad de 2014, aplicados principalmente al Sistema Satelital Mexicano, que contribuirá a reducir la brecha digital llevando conectividad a diversos sitios públicos. La expectativa es que al finalizar el año se concrete un ejercicio de $2,976.8 millones de pesos, con lo que la inversión pública se contraerá en 35%, en su comparativo con la cifra del año pasado.
Es deseable que se ponga fin a esta contención de recursos gubernamentales destinados a la capitalización del sector, toda vez que inducen al estancamiento de proyectos y de la actividad de los agentes económicos privados en el mismo sector.
Llama la atención la omisión en el Informe Presidencial de las cifras de inversión en el sector por parte de la iniciativa privada. En este sentido, los proveedores de servicios reportaron un monto de formación de capital o inversión equivalente a $63,016 millones de pesos al término del año pasado. La proyección de esta cifra al cierre del 2014 se ubica en un nivel de $48,642 millones de pesos, es decir, una caída de 22.8% respecto al año anterior.
El principal factor que explica esta fuerte desaplicación de recursos reside en la incertidumbre generada por el retraso en la definición, discusión y promulgación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que trajo consigo aplazamientos a los planes de inversión de los operadores.
Por otra parte, durante años recientes, algunos operadores comenzaron un proceso de renovación tecnológica y expansión de sus redes. No obstante, este ha llegado a su término, por lo cual en este año es posible anticipar una disminución en la inversión en infraestructura. Lo anterior, aunado al irrisorio crecimiento en los montos de capital ejercidos por el operador dominante, conduce al mercado mexicano a un desplome en las inversiones.
Por el lado positivo, el nuevo marco legal y regulatorio del sector, resultantes de la Reforma Constitucional, permiten anticipar un desempeño más dinámico y estable en la inyección de capital en los periodos por venir y años consecutivos.
Efectivamente, estos números negativos en la inyección de recursos de capital no deben ser tomados de forma aislada, sino deben de ser ponderados con la reciente entrada en vigor de las nuevas disposiciones legales y regulatorias que sin duda nos conducirán a un escenario de mayor cobertura y penetración de los servicios de telecomunicaciones.
Ernesto Piedras, The CIU
