Las redes sociales conectan a 93 millones de mexicanos, pero nuestras leyes aún viven en el siglo XX. Entre grooming infantil, extorsión y adicción digital, la respuesta gubernamental oscila entre tÃmida e inexistente. Es momento de decidir: ¿protegemos con educación o regulamos con consecuencias?
La respuesta deberÃa ser clara: ambas, pero con énfasis en la regulación. Más de 110 millones de mexicanos usan internet según datos recientes, de ellos, 93 millones utilizan redes sociales de acuerdo con MeltWater y We are Social. La penetración es masiva: el 92% usa WhatsApp, seguido de Facebook e Instagram. Este crecimiento exponencial no solo aumenta la conectividad, sino también los delitos digitales, el robo de datos y las adicciones tecnológicas que ya representan problemas de salud pública.
El vacÃo federal y la urgencia legislativa
A nivel federal, México apenas cuenta con un documento preliminar: “Elementos para el análisis de redes sociales”, creado en 2022 por la Cámara de Diputados, que nunca se convirtió en ley. Mientras tanto, Australia debate en ambas cámaras legislativas una prohibición total de redes sociales para menores de 16 años, con multas que alcanzan los 33 millones de dólares para empresas incumplidas y sanciones para padres negligentes. La ley australiana obliga a verificar edad mediante identificación gubernamental, un estándar que en México ni siquiera se discute.
Esta parálisis federal no es casualidad: es falta de voluntad polÃtica. Mientras otros paÃses reconocen las redes sociales como infraestructura crÃtica que requiere supervisión estatal, México las trata como entretenimiento privado ajeno a la responsabilidad pública.
Estados que legislan en solitario
Ante la inacción federal, algunos estados han tomado la iniciativa con resultados desiguales. El nivel más básico es la educación digital. El Estado de México lanzó recientemente la campaña “En redes, no te enredes”, enfocada en identificar riesgos y denunciar criminales digitales. Esta estrategia, aunque bien intencionada, resulta insuficiente: es como enseñar a nadar sin prohibir que arrojen a los niños al mar.
Un segundo nivel de compromiso muestra mayor seriedad legislativa. Querétaro aprobó en agosto de 2025 la Ley Kuri, que tipifica el grooming digital con penas de 3 a 6 años de prisión, reconoce el derecho al espacio virtual seguro y restringe el uso de celulares en escuelas excepto con fines educativos. Puebla publicó en junio de 2025 la Ley de Ciberasedio, que sanciona tanto el acoso digital como el grooming infantil y el espionaje. Estas leyes representan avances significativos, pero su alcance fragmentado limita su efectividad: un depredador digital bloqueado en Querétaro puede operar libremente en Chiapas.
La Ley Olimpia, que penaliza la difusión de contenido Ãntimo sin autorización, ejemplifica tanto el progreso como las limitaciones del enfoque estatal: útil pero insuficiente sin coordinación nacional y sin obligar a las plataformas tecnológicas a cooperar activamente.
El silencio municipal y las lecciones internacionales
A nivel municipal, México presenta una ausencia total de regulación. Ningún ayuntamiento ha tomado medidas sobre uso de contenidos o protección ciudadana en redes sociales. Esto contrasta dramáticamente con Estados Unidos, donde ciudades como Nueva York prohibieron TikTok en dispositivos gubernamentales por razones de seguridad nacional. En Reino Unido, los municipios impulsan guÃas contra la desinformación dirigidas a autoridades locales, enfocadas en verificación de hechos y alfabetización mediática.
Esta ausencia municipal mexicana revela un problema conceptual: los gobiernos locales no reconocen que la seguridad digital es tan importante como la seguridad fÃsica en calles y parques. Un menor acosado digitalmente sufre daños comparables a uno acosado presencialmente, pero solo el segundo recibe atención de las autoridades municipales.
La regulación como imperativo, no como opción
Los ejemplos internacionales demuestran que la regulación funciona cuando hay voluntad polÃtica. Australia no está violando libertades: está protegiendo infancias. Reino Unido no censura: alfabetiza y verifica. Querétaro y Puebla no reprimen: establecen consecuencias claras para conductas nocivas.
México necesita transitar de la educación opcional a la regulación obligatoria. Esto implica:
- Una ley federal integral que establezca estándares mÃnimos de protección, verificación de edad y consecuencias para plataformas negligentes.
- Coordinación entre niveles de gobierno para que las leyes estatales no operen como islas sino como red de protección.
- Obligaciones claras para empresas tecnológicas que operan en México pero evaden responsabilidades locales.
- Recursos presupuestales para implementar y fiscalizar el cumplimiento, no solo para diseñar leyes simbólicas.
La educación digital debe complementar, no sustituir, la regulación. Enseñar a los usuarios a protegerse es valioso, pero insuficiente si las plataformas no tienen incentivos legales para protegerlos.
México enfrenta una encrucijada digital: actuar con valentÃa legislativa o seguir improvisando respuestas fragmentadas. Australia nos enseña que es posible, Querétaro demuestra que hay voluntad. Falta solo presión ciudadana para convertir la protección digital de privilegio estatal en derecho nacional.
El autor de la columna Tecnogobâ€, Rodrigo Sandoval Almazán, es Profesor de Tiempo Completo SNI Nivel 2 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo puede contactar en tecnogob@pm.me y en la cuenta de Threads @horus72.
