El financiamiento a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) ha sido uno de los puntos débiles de la política pública en México durante las últimas dos décadas. A pesar de que desde 2002 la Ley de Ciencia y Tecnología estableció como meta destinar al menos el 1% del PIB a estas actividades[1], el país nunca ha rebasado el umbral del 0.5%. Este rezago resulta particularmente crítico para el sector TIC ya que su desarrollo depende directamente de la capacidad de generar capital humano especializado, fomentar la investigación aplicada y sostener un ecosistema de innovación que conecte universidades, empresas y gobierno.

Figura 1: Inversión en CyT como % del PIB

Fuente: elaborado por Select con información del primer informe de gobierno 2025, datos de OCDE, SHCP y SECIHTI

Nota: barras son I+D, líneas son GFCyT. Los colores refieren al partido que gobernó en su momento. Gris y azul fuerte PAN, negro y verde PRI, azul suave y guinda MORENA

Los datos disponibles permiten observar con claridad cómo las distintas administraciones han influido en la trayectoria del financiamiento^[2]. Entre 2005 y 2012, durante los gobiernos del PAN, la inversión en I+D medida por la OCDE fluctuó entre 0.35% y 0.47% del PIB, superando en varios años al gasto público en la función de gasto federal en ciencia y tecnología (GFCyT), que se mantuvo en un rango de 0.30% a 0.39%. En principio este resultado es contraintuitivo, ya que el GFCyT debería abarcar más actividades que la I+D; sin embargo, puede explicarse por el dinamismo del sector privado, particularmente en áreas como la automotriz, la farmacéutica y las telecomunicaciones, donde la presión competitiva internacional incentivó inversiones en investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Para el sector TIC, este periodo fue relevante porque coincidió con la expansión de la industria de software y servicios, que requería ingenieros y técnicos capacitados.

El cambio de sexenio hacia el PRI en 2012 marcó un punto de inflexión. A partir de 2014, el GFCyT comenzó a superar al indicador de I+D, con 0.46% frente a 0.42% en ese año, tendencia que se mantuvo hasta 2018. No obstante, el contexto económico redujo el dinamismo privado, lo que limitó el crecimiento de la inversión en I+D. Para el sector TIC, la administración de Peña Nieto se caracterizó por un discurso de transformación digital y reformas en telecomunicaciones, pero sin la suficiente inversión sostenida en capital humano especializado. La paradoja fue clara: se impulsó un marco regulatorio que permitió la expansión de infraestructura y servicios, pero no se logró consolidar un ecosistema robusto de innovación en TIC porque la inversión en I+D permaneció estancada en torno al 0.40% del PIB.

La llegada de Morena al poder en 2018 profundizó la brecha. Entre 2019 y 2023, el indicador de I+D cayó a mínimos de 0.26%–0.29% del PIB, mientras que el GFCyT se mantuvo relativamente más alto, en un rango de 0.35%–0.41%. La política de austeridad y la eliminación de fideicomisos redujeron la capacidad de los centros públicos de investigación y limitaron la cooperación con empresas privadas. La pandemia agravó esta tendencia al obligar a muchas firmas a recortar sus presupuestos de innovación para priorizar la supervivencia. El sector TIC, que pudo haberse beneficiado de la digitalización acelerada durante la pandemia, encontró un ecosistema debilitado, con poca capacidad de absorber recursos públicos en investigación aplicada.

Los datos más recientes, presentados en el primer informe de gobierno de Sheinbaum, muestran que en 2025 el GFCyT se ubica en 0.45% del PIB, aunque aún no se cuenta con cifras de inversión en I+D. La dualidad de fuentes se mantiene: la OCDE reporta las estimaciones de I+D, mientras que Hacienda y SECIHTI publican las cifras de gasto en GFCyT. Esta diferencia metodológica explica, en parte, por qué en algunos años la inversión en I+D supera al GFCyT: el primero capta la inversión privada y el gasto en actividades experimentales de innovación, mientras que el segundo refleja el presupuesto etiquetado por función.

El panorama plantea retos significativos. México sigue rezagado frente al promedio de la OCDE, donde la inversión en I+D supera el 2.5% del PIB^[3]. Para que el sector TIC pueda consolidarse como motor de productividad y competitividad internacional, no basta con mantener un gasto público moderado: es necesario articular incentivos que atraigan inversión privada en innovación, fortalecer la formación de capital humano especializado en universidades públicas y privadas, y garantizar que el GFCyT se traduzca en proyectos estratégicos de digitalización, inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de software. Sin estas medidas, el país corre el riesgo de mantener un ecosistema frágil que depende más de la importación tecnológica que de la generación de soluciones propias.

-Alan Adolfo López Arenas, Select

Bibliografía

1. Cámara de Diputados (2002). Ley de Ciencia y Tecnología, DOF.

2. Presidencia de la República (2025). Primer Informe de Gobierno 2024-2025.

3. UNESCO Institute for Statistics (2025). Gasto en I+D (% del PIB), en World Bank DataBank.

Citas

1. Cámara de Diputados. (2002). Ley de Ciencia y Tecnología. Diario Oficial de la Federación. Ver cita

2. Presidencia de la República. (2025). Primer Informe de Gobierno 2024-2025. Gobierno de México. Ver cita

3. UNESCO Institute for Statistics. (2025). Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB). En: World Bank DataBank. Ver cita